Un colegio privado en Huancavelica fue sancionado por el Indecopi tras confirmarse el uso del látigo conocido como “San Martincito” o “Tres Puntas” para castigar a estudiantes que llegaban tarde, una práctica que vulnera los derechos fundamentales de los menores. La investigación también reveló otros abusos físicos y psicológicos contra alumnos, incluyendo marcas en el rostro con sellos de tardanza y el uso de insultos por parte de docentes.
Además, se evidenció que la institución impedía el ingreso y la evaluación a estudiantes cuyos padres no habían pagado las pensiones por adelantado, una medida que viola expresamente la normativa peruana sobre centros educativos privados. La sanción incluye una multa y la orden de informar a toda la comunidad educativa sobre el respeto a los derechos de los alumnos.
Uso del chicote y maltrato físico confirmado por Indecopi
Según la resolución del Indecopi, el subdirector del colegio admitió haber utilizado el látigo o chicote de tres puntas, conocido como “San Martincito”, para castigar a los alumnos que llegaban tarde. Esta medida se suma a otras formas de maltrato físico como puñetes y patadas propinadas por personal de servicio, además de agresiones psicológicas.
C. E. L. S., madre de dos alumnas víctimas, denunció que el subdirector “les propinó golpes en el cuerpo con el látigo llamado tres puntas por haber llegado tarde.” La UGEL Huancavelica confirmó estos hechos en el oficio N° 3716-2011-GOB.RE.HVCA/DREH-UGELH-CADER, señalando que el profesor Víctor Rojas Camposano incurrió en maltrato físico.
Otro caso registrado involucra a la profesora Elizabeth, quien marcó el rostro de una alumna con un sello de tardanza, y a un docente llamado Ángel, quien insultaba a los estudiantes llamándoles “idiotitas.” La directora del colegio fue informada de estas conductas y se recomendó el cumplimiento de la Resolución Ministerial 405-2007-ED.
En declaraciones documentadas en la investigación, R. M. L. C., relató que su hijo fue agredido físicamente por un profesor que lo golpeó con un palo en las nalgas y le ordenó hacer 50 ranas con un ladrillo, hecho que el profesor aceptó y se comprometió a cambiar.
Restricción de ingreso y evaluación por falta de pago adelantado
El Indecopi también comprobó que el colegio impedía a los alumnos ingresar a sus aulas y rendir exámenes si los padres no cumplían con el pago adelantado de las pensiones. Esta práctica está prohibida por el artículo 16 de la Ley de Centros Educativos Privados, que señala expresamente que “los centros educativos no podrán condicionar la evaluación de los alumnos al pago de las pensiones de enseñanza.”
La sanción de 2,4 UIT impuesta al colegio incluye la orden de colocar avisos visibles en los paneles y zonas de alto tránsito dentro de la institución, con mensajes claros para que se abstengan de: (i) Maltratar físicamente a los alumnos.(ii) Impedir que rindan evaluaciones o ingresen a clases por falta de pago.(iii) Cobrar pensiones por adelantado. La resolución también indica que más de 30 estudiantes no pudieron rendir sus exámenes finales por esta medida administrativa.
Minedu separa a más de 820 docentes y administrativos implicados en delitos graves
Entre abril de 2024 y marzo de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) retiró de sus funciones a 829 trabajadores del sector educativo, entre docentes y personal administrativo, debido a su implicancia en delitos graves como abuso sexual, terrorismo y narcotráfico. De este total, 706 son maestros y 123 corresponden a personal administrativo.
La mayoría de los casos, exactamente 711, se registraron en colegios públicos, mientras que 118 afectan a colegios privados. Esta medida, que representa un aumento de 66 personas separadas respecto al periodo anterior, responde a la Ley 29988, que faculta al Minedu a apartar a trabajadores implicados en crímenes que ponen en riesgo a los estudiantes y la comunidad educativa en general.
Para fortalecer la seguridad en las escuelas, especialmente en zonas con mayor incidencia de extorsiones y amenazas como Lima Norte, el Minedu ha coordinado con el Ministerio del Interior, Defensa y autoridades locales para implementar planes que incluyen la presencia policial y el fortalecimiento de brigadas escolares. Asimismo, se han adoptado medidas tecnológicas para proteger las plataformas educativas virtuales, asegurando un entorno seguro tanto físico como digital para los alumnos.
