La controversia sobre la ley aprobada que permite imputar delitos penales a menores de edad entre 16 y 17 años entra a una nueva etapa. Luego de ser promulgada por el Congreso, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, aceptó que la norma es “controvertida”, pero argumentó que “la mayoría de sicarios son menores” sin presentar pruebas o datos que soporten esta afirmación más allá de generalizaciones a raíz de casos recientes.
En conversación con la prensa desde el Palacio Legislativo, Salhuana, congresista de Alianza por el Progreso, afirmó que “la mayoría de los sicarios, quienes arrojan granadas o asesinan desde motos, son menores”. Esto pese a que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo ya calificaron esta norma como inconstitucional.
“La mayoría de las personas que utilizan un arma, en motocicleta, para victimar a un ciudadano indefenso son menores de edad. En las últimas semanas, en La Libertad, los que han arrojado granadas a las oficinas del Ministerio Público y a la casa de una jueza han sido menores de 18 y mayores de 16 años”, afirmó Salhuana.
Por otro lado, y pese a las expresiones de rechazo no solo por parte de entidades del Estado, sino también a nivel internacional, el presidente del Congreso indicó que esperará a que el Tribunal Constitucional tome una decisión al respecto antes de considerar que la ley es, efectivamente, inconstitucional.
“En el Estado de derecho que tenemos es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución Política del país. Si ella dice que es inconstitucional (una ley) se dejará sin efecto. Mientras, los jueces y fiscales deben aplicar esta norma en toda la República”, afirmó.
¿Por qué delitos podrán ser sentenciados los menores de edad?
La norma abarca casos de pandillaje pernicioso, parricidio, homicidio calificado, conspiración, sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio, violación sexual y delitos cometidos contra personas en estado de inconsciencia o incapacidad para resistir. Asimismo, se aplicará en situaciones donde las víctimas sean menores de edad o no puedan dar su libre consentimiento.
El congresista José Luna Gálvez, autor de la propuesta, explicó que, aunque los adolescentes serán juzgados como adultos, el sistema penitenciario aplicará un tratamiento diferenciado para los internos de entre 16 y 21 años. Este enfoque, conocido como sistema de individualización científica, busca separar a los jóvenes de los reclusos de mayor edad dentro de los penales, con el objetivo de evitar influencias negativas y promover su rehabilitación.
Rechazo internacional a la ley del Congreso
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ya expresó públicamente su rechazo a la norma aprobada en el Congreso, y por medio de su comité de expertos, el organismo recordó que el Perú ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990 y que este tipo de medidas contradicen los estándares internacionales de protección a la infancia.
“Se reafirma la necesidad de buscar medidas alternativas no judiciales y evitar las penas privativas de libertad, dejándolas como último recurso”, suscribieron.
Según indicó el grupo de trabajo, se recomienda fortalecer y asignar mayores recursos al Sistema de Justicia Juvenil, incluyendo la creación de tribunales especializados para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Por su parte, Luis Pedernera, vicepresidente del grupo, explicó que no existe evidencia sobre la efectividad de normas similares.
La experiencia demuestra que cuando los países han tomado esta medida, el espiral de violencia se ha recrudecido. Las cárceles terminan siendo escuelas del crimen, donde los adolescentes perfeccionan sus habilidades delictivas”, afirmó para La República.
