En el corazón del Centro de Lima, la informalidad ha alcanzado niveles alarmantes. No se trata ya solo de los comercios informales que invaden las veredas y pistas, sino también de almacenes clandestinos correspondientes a empresas que operan sin restricciones. Estas prácticas ilegales no solo ponen en peligro la seguridad de miles de personas que transitan por esta zona diariamente, sino que también reflejan un preocupante nivel de impunidad ante la mirada de las autoridades.
Las cámaras del dominical Punto Final recorrieron los jirones Puno, La Mar y Junín. Evidenciaron que esta área, por donde circulan a diario miles de compradores y comerciantes, está completamente tomada. En plena vía pública se arman puestos improvisados, mientras vehículos intentan, sin éxito, abrirse paso en calles destinadas al tránsito vehicular. Es territorio donde reinan el desorden y, muchas veces, la violencia.
A pesar de la prohibición el comercio ambulatorio, depósitos y almacenes, expuesta en distintos carteles alrededor del distrito, la realidad demuestra que nada ha cambiado. Por lo tanto, el riesgo de tragedias como incendios o avalanchas sigue latente.
Un ejemplo preocupante es lo que sucede en el jirón Junín. Desde el exterior, algunas viviendas parecen cerradas, pero en realidad funcionan como depósitos a puerta cerrada, restringiendo el acceso solo a aquellas personas previamente identificadas. De acuerdo al dominical, al menos el 50% de viviendas en el sector son depósitos o almacenes.
Un caso emblemático es el de Tai Loy. De acuerdo al reportaje, esta cadena de útiles escolares, con más de cuatro locales en el perímetro, ha sido denunciada por utilizar gran parte de sus establecimientos como almacenes, infringiendo la normativa municipal que solo permite ocupar un 30% del local para estas actividades. Incluso, trabajadores fueron captados en distintas horas del día descargando cajas en plena vía pública, y desde drones se observaron las operaciones dentro del local.
Aunque representantes de la empresa intentaron negar estas prácticas, los mismos empleados confirmaron la actividad y la representante terminó por reconocer que existe un almacén en el primer piso. Tras la denuncia, la Municipalidad aseguró que todos los locales de Tai Loy involucrados fueron clausurados y que han solicitado la clausura definitiva de algunos por reincidencia.
Al respecto, la gerenta de Fiscalización, Mariella Falla, reconoció que las empresas suelen cumplir al inicio, pero esto cambia con el tiempo. No obstante, mencionó que la situación es mucho más preocupante porque muchas de las áreas donde existen estibadores y almacenes informales están controladas por grupos criminales denominados “Los Mexicanos”, quienes protegen a los dueños de los locales y amenazan a serenos y fiscalizadores. Incluso, la funcionaria relató que las amenazas han llegado a afectar su vida personal. Temiendo represalias, se vio en la necesidad de contratar seguridad privada para proteger a su hijo tras recibir advertencias de un posible secuestro.
Detalló que jóvenes vigilan la entrada y se comunican por radios, asegurando que las descargas de mercancías se hagan sin interrupciones, a metros de anuncios que prohíben expresamente este tipo de uso, evidenciando una flagrante vulneración de las normativas. A pesar de estas adversidades, la funcionaria aseguró que se están tomando medidas para revertir la situación. La Municipalidad de Lima ha prometido aplicar estrategias de “inteligencia” para detectar a los reincidentes y actuar con mayor eficacia. Sin embargo, las denuncias ciudadanas expresan una persistente sensación de abandono y falta de soluciones sostenibles.
Por último, Falla aseguró que luego de la campaña por el Día de la Madre se implementará una estrategia renovada que priorice recuperar el orden en el centro de Lima. Prometió incluso que estos operativos serán sostenidos en el tiempo. “Te doy mi palabra, vas a poder caminar tranquilo en el Centro de Lima”, indicó.
La respuesta de Tai Loy
En respuesta al reportaje, Tai Loy emitió un comunicado rechazando que sus operaciones se desarrollen fuera de la legalidad y aseguraron que las imágenes utilizadas en el reportaje corresponden a trastiendas autorizadas de sus locales mayoristas, las cuales están contempladas en los planos aprobados por Defensa Civil y cumplen con la normativa que permite destinar hasta el 30% del área para uso logístico.
Sobre las clausuras temporales mencionadas en el reportaje, indicaron que no están vinculadas a actividades clandestinas ni a reincidencias, como se habría insinuado, sino a observaciones administrativas subsanables. En esa línea, informaron que dos de los locales clausurados ya han sido reabiertos, mientras que los otros dos se encuentran en proceso de reapertura.
El comunicado también expresó su malestar por no haber sido contactados antes de la emisión del reportaje. Tai Loy señaló que ningún vocero oficial fue consultado y que su versión de los hechos fue completamente excluida. Además, criticó el uso de imágenes de una tienda mayorista ubicada en Jirón Montevideo, la cual, según la empresa, no ha tenido observaciones ni clausuras.
Respecto a los testimonios de colaboradores presentados en el reportaje como presunta evidencia, la empresa aclaró que las declaraciones hacían referencia a áreas internas permitidas para almacenamiento y preparación de pedidos mayoristas, y no a almacenes externos o clandestinos. En cuanto a las acusaciones de recibir trato preferencial o contar con algún tipo de “impunidad”, la compañía aseguró que ha sido fiscalizada con el mismo rigor que cualquier otra empresa formal y que siempre ha respondido con la documentación requerida, realizando las adecuaciones necesarias para cumplir con las normativas.
