Familiares y la misma presidenta Dina Boluarte sindicó a Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, como el presunto responsable de la muerte de 13 mineros en Pataz. Poco después, salió del país con destino a Colombia, lo que reforzó los señalamientos. Sin embargo, el abogado Frank Díaz no solo recordó que su cliente no cuenta con ninguna orden de captura vigente, sino que desempeña labores agrícolas y se encuentra lejos de actividades vinculadas a la minería ilegal.
En entrevista con La República, el letrado sostuvo que su patrocinado estaba en la provincia de Casma, sector Huancamuna, el día de los hechos, a más de 15 horas de distancia de Pataz, a fin de desestimar su participación. “Existen videos, testigos y otros medios probatorios que confirman que mi patrocinado no se encontraba en la provincia de Pataz”, afirmó. Además, insistió que hasta la fecha, Miguel Rodríguez no tiene notificación formal de apertura de investigación por parte de las autoridades.
“Mi patrocinado es una persona que se dedica a la agricultura, él se dedica a la siembra y cosecha de mangos, así como palta fuerte, pero también tiene una empresa de servicios generales donde él es accionista”, mencionó y agrego que, es en esa línea, decidieron enviar una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte exigiendo una rectificación pública en un plazo de cinco días, tras las imputaciones realizadas en su contra. Según Díaz, dichas acusaciones se basarían en “información errónea proporcionada por la Policía Nacional”. De no recibir una respuesta, anuncian que procederán con acciones legales contra la mandataria.
“Simplemente, le pediría a la presidenta Dina Boluarte que se rectifique y no se tomen juicios de valor tan rápido, a menos que existan pruebas suficientes que lo vinculen al ilícito. Y número dos, ya pues, señora presidenta, avancen y busquen a los verdaderos responsables. Es momento ahora de accionar y esperemos que usted lo haga”, expresó.
Además, apuntó que existen dos grupos interesados en culpar a Rodríguez para desviar la atención de las verdaderas causas detrás de la masacre: “Un ente ilegal, que es la organización criminal ‘La Gran Alianza’, que es quien querría atentar contra la vida de mi patrocinado, y otro que se ha venido beneficiando a partir de medidas como es recuperar las minas, obtener seguridad por parte del Estado y limpiar la zona. Entonces, esto ya lo dejamos a criterio de la población. ¿Quién realmente se ha beneficiado con que se sindique estas muertes a ‘Cuchillo’?“.
Reconoció que su patrocinado purgó condena de siete años en el penal El Milagro de Trujillo y que fue detenido en 2023 en Casma. No obstante, aseguró que la investigación se archivó al confirmarse que el arma incautada se encontraba inoperativa e inutilizable. “Él no tiene ningún vínculo con la minería, según la referencia que nos ha dado”, declaró e indicó que su salida del país se dio “por miedo al ajusticiamiento antes que a la justicia, porque el caso trascendió tanto de que existe plena convicción de que le iban a dictar un mandato de prisión preventiva o una detención preliminar”.
“Él no quiere entregarse porque tiene claro de que una vez que él ingrese a un establecimiento penitenciario lo pueden matar y por su familia, a la cual debe responder y es justamente por la que él ha optado mejor por retirarse del Perú, irse primigeniamente con destino a Colombia y luego salir de Colombia con destino desconocido”, agregó.
