Una investigación revelada este domingo por Cuarto Poder ha expuesto una red de corrupción al interior del penal de Huancayo. Durante varios meses, un colaborador eficaz infiltrado logró registrar, con una cámara oculta, cómo los propios agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) permitían y facilitaban actividades delictivas a cambio de sobornos.
En las grabaciones, se observa cómo los internos acceden libremente a alcohol, drogas y fiestas dentro de la cárcel, mientras los funcionarios se limitan a recibir pagos. “Tío, yo te armo uno de coca, pues, a la venta. Ya le he dicho al tío Camacho ya, ya sabe, en un rato ojalá pueda repartir, ahí te estoy dando lo tuyo, mínimo cinco luquitas pues”, se escucha decir a uno de los involucrados en una de las grabaciones.
El colaborador capturó imágenes en las que al menos 15 agentes del INPE reciben dinero en efectivo de internos, muchos de ellos considerados peligrosos. El precio lo determinaba la actividad: ingresar a ciertos pabellones, vender drogas o simplemente contar con privilegios dentro del penal. Cada paso tenía una tarifa. En otro momento, la cámara oculta capta a un agente que ofrece cocaína sin reparos: “¿Qué quieres? ¿Coca? Ah, pasta no. Diez gramos, 130”.
El registro fílmico no se limitó a un solo pabellón. El colaborador recorrió varias zonas del penal, donde captó escenas de consumo de alcohol, fiestas clandestinas e incluso lo que aparenta ser una barra libre. Los propios agentes eran quienes garantizaban el “ambiente festivo” dentro de la prisión, según el dominical.
El material fue documentado desde diciembre del año pasado y se convirtió en una pieza clave para que la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional (PNP) obtuvieran órdenes de detención judicial contra los implicados, entre ellos supervisores y personal de seguridad. “La autoridad había perdido el control”, afirmó una fuente fiscal vinculada al caso.
Los implicados ahora enfrentan cargos que podrían llevarlos a compartir celda con los mismos internos a quienes solían proteger o favorecer.
Respuesta del INPE
El INPE evitó pronunciarse sobre el caso de Huancayo, pero sí confirmó una serie de intervenciones ejecutadas por el Ministerio Público y la PNP en tres centros de reclusión del país, vinculadas a una investigación sobre el uso irregular de antenas y conexión a internet fuera del control penitenciario.
Mediante un comunicado oficial, el organismo detalló que las acciones se realizaron el 7 de mayo en los establecimientos de Lurigancho, Huaral y Challapalca. En Lurigancho, los fiscales y agentes ingresaron a la celda del interno Juan Hernán Huaringa Bejarano. En el penal de Huaral, se llevó a cabo una revisión en las celdas y la parte superior del pabellón número uno. En Challapalca, el operativo alcanzó el espacio asignado al interno John Alexander Zafra Espinoza.
Según la institución, los operativos no arrojaron hallazgos de armas, drogas, celulares ni dispositivos de comunicación satelital. Todas las intervenciones concluyeron con resultado negativo.
“El INPE continuará brindando facilidades a las autoridades responsables de la investigación, además viene reforzando la revisión exhaustiva de objetos y sustancias prohibidas en todos los penales del país con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana”, concluyó la misiva.
A fines de abril, el jefe del INPE, Javier Llaque, dimitió tras la fuga de un interno en Lurigancho, hecho que agravó la crisis del sistema penitenciario. “Ha presentado su renuncia, la cual será aceptada y se designará a un nuevo titular. Entendemos que hay responsabilidad funcional y, por supuesto, la renuncia es la medida más inmediata para solucionar este problema”, anunció el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, en una conferencia posterior al Consejo de Ministros.
