El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, en conjunto con efectivos policiales, realizó un operativo de allanamiento en el penal de Aucallama, en la provincia de Huaral.
Durante la intervención, se descubrió un ambiente acondicionado dentro del penal desde donde se abastecía ilegalmente internet satelital, lo cual habría sido utilizado por internos para burlar los bloqueos de señal e incurrir en delitos como la extorsión y el sicariato.
La intervención también incluyó el allanamiento de tres viviendas de la misma localidad, donde se halló una antena de internet inalámbrico que direccionaba su señal directamente al establecimiento penitenciario.
Según la tesis del fiscal provincial a cargo, José Silva Vidal, esta red criminal habría estado operando desde el año pasado. Se presume que el servicio de internet era alquilado a los internos del pabellón I del penal de máxima seguridad, lo que les permitía coordinar actividades delictivas pese al régimen de dispositivos de interferencia que maneja el recinto.
La organización delictiva ha sido identificada como “Los Espectros de Aucallama”, según confirmó el Ministerio Público en sus canales oficiales. Las diligencias dieron como resultado la detención preliminar de Alex Cabrera, Miguel Zafra y Karina Ramos. Esta última fue detenida en flagrancia delictiva, ya que durante el allanamiento de las viviendas se le encontró en posesión de municiones y otros objetos vinculados a la investigación.
Clandestinidad y complicidad dentro del penal
Como parte de la operación, también se allanaron 30 celdas dentro del establecimiento penitenciario. En estos espacios se incautaron diversos dispositivos tecnológicos utilizados para mantener la conexión satelital, entre ellos cables, routers, chips, celulares y una antena, como también sustancias ilegales.
La Fiscalía no descarta la existencia de una organización criminal con capacidad operativa dentro del penal. De acuerdo con las autoridades, el nivel de sofisticación tecnológica hallado sugiere que los equipos fueron ingresados y montados con conocimiento previo de las instalaciones.
La Fiscalía ha puesto en marcha una investigación interna para determinar si hubo participación o encubrimiento por parte de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). No se descarta que funcionarios hayan facilitado el ingreso de los dispositivos o permitido su instalación en zonas elevadas del recinto sin ser detectados. Las autoridades cuentan con un plazo de 15 días para reunir pruebas que confirmen estas sospechas.
Hasta el momento, el INPE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. La intervención de la fiscalía tomó por sorpresa incluso al personal penitenciario, al momento en que se solicitó el ingreso al penal para ejecutar el operativo.
La organización operaría en otros penales del país
La investigación no se limita al penal de Aucallama. El Ministerio Público ha extendido sus diligencias a otros centros penitenciarios del país, como el penal de Lurigancho y el de Challapalca, en Lima y Tacna respectivamente. Esta medida responde a indicios que apuntan a la posible presencia de la organización criminal en dichas instalaciones.
Challapalca, considerado uno de los penales de máxima seguridad del país, fue recientemente escenario de una intervención similar. El pasado 9 de abril, una requisa realizada por las autoridades halló una antena, router, placa electrónica, cigarrillos y otros elementos prohibidos en poder de los internos.
Los focos delictivos vinculados a estas operaciones se concentran, según registros del Ministerio Público, en las provincias de Huaral y Chancay, seguidas por Barranca y Huacho. En estas jurisdicciones se ha detectado un incremento sostenido de denuncias por extorsión, muchas de las cuales podrían estar siendo orquestadas desde los centros penitenciarios mediante el uso de tecnologías que burlan los bloqueos de señal oficiales.
Las autoridades continuarán con los operativos de verificación en penales y viviendas presuntamente involucradas, mientras avanza la investigación para determinar el grado de implicancia de los internos, colaboradores externos y funcionarios públicos de esta presunta organización criminal.
