En una entrevista concedida al programa Prueba de Fuego, transmitido por RPP TV, el abogado penalista Andy Carrión sostuvo que la presidenta Dina Boluarte sí podría ser sometida a una moción de vacancia por el caso de las cirugías estéticas realizadas en junio de 2023. No obstante, aclaró que considera “poco probable” que el Congreso habilite ese procedimiento, a pesar de la existencia de indicios que, en su opinión, configurarían una causal constitucional.
Según el abogado, la dificultad no radica en la falta de elementos jurídicos, sino en la dinámica política del actual Congreso: “Ya sabemos que hay un pacto implícito entre el Parlamento y la gobernante”. En esa línea, recordó que el Congreso tampoco impulsó una vacancia durante las protestas de 2022–2023, a pesar del saldo de muertes y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Consultado sobre si se configuraría el abandono de cargo en caso de probarse su ausencia durante las fechas de las intervenciones quirúrgicas, el abogado respondió afirmativamente: “No se trata de la mera intervención, pero si ella abandonó el cargo, esto le imputaría el delito de desobediencia a la autoridad o simplemente no haber cumplido su función en el cargo”.
Carrión remarcó que, en un escenario con un Congreso políticamente opuesto al Ejecutivo, “ya se hubiese hecho valer la institucionalidad parlamentaria”.
Versión contradictoria entre la presidenta y el médico
Uno de los elementos centrales que sostiene el cuestionamiento jurídico y político contra Dina Boluarte es la contradicción entre su versión oficial y la del médico tratante sobre la naturaleza de las intervenciones realizadas a fines de junio de 2023.
Según lo revelado por el programa Cuarto Poder, el cirujano plástico Mario Cabani confirmó que el 28 de junio de 2023 practicó cuatro cirugías a la mandataria, de las cuales tres fueron estéticas. Añadió que, por recomendación médica, Boluarte permaneció internada en su clínica los días 29 y 30 de junio.
Esta versión contrasta con lo declarado previamente por la presidenta, quien alegó que se trató de una operación dental, mencionando específicamente una “muela”. Además, según miembros del Ejecutivo, Boluarte no habría dejado de ejercer funciones durante esos días, una afirmación que el abogado Carrión calificó como “falsa”.
La divergencia entre ambas narrativas es relevante no solo en términos de transparencia, sino también en lo jurídico, ya que podría implicar que la presidenta habría faltado a la verdad en un tema funcional, lo cual refuerza las líneas de investigación por abandono de cargo u omisión de funciones.
Investigación fiscal en curso
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la presidenta por la posible comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales, a raíz de las cirugías realizadas en junio de 2023. Esta indagación se concentra en determinar si la mandataria se ausentó de sus funciones sin autorización oficial, y si esta ausencia fue encubierta o minimizada institucionalmente.
Según explicó Carrión, si el Ministerio Público determina que la mandataria no ejerció el cargo durante los días en que permaneció internada tras las intervenciones estéticas, podría formular una denuncia constitucional ante el Congreso. Sin embargo, advirtió que este escenario tiene un desenlace previsible: “Terminará encarpetada hasta el fin de su mandato o se archivará el caso”.
Una de las claves de la investigación radica en verificar si Boluarte firmó decretos supremos o participó en actos oficiales el 29 y 30 de junio, como afirma el Ejecutivo. Para ello, la Fiscalía deberá acceder a actas, registros de sesión, documentos con firma digital y otros medios probatorios que acrediten o desmientan su presencia activa como jefa de Estado durante esos días.
Este expediente se suma a otras investigaciones abiertas contra Boluarte, lo que configura un escenario de presión legal acumulativa, con alto contenido político e institucional.
El rol del Tribunal Constitucional como posible “salvavidas” para Boluarte
Durante la entrevista, Carrión sostuvo que uno de los factores decisivos para el devenir del caso podría ser la intervención del Tribunal Constitucional (TC). Según su análisis, si este órgano decide suspender las investigaciones fiscales contra Boluarte, podría ofrecerle un “gran salvavidas” político y jurídico en un contexto de creciente presión institucional.
Carrión remarcó que, frente a la posibilidad de que el Ministerio Público formalice una denuncia constitucional o avance en sus diligencias, la defensa de la mandataria podría plantear acciones de garantía ante el TC para bloquear las pesquisas, alegando vulneración de sus derechos o prerrogativas como jefa de Estado.
Esta estrategia no sería inédita en el sistema político peruano, donde el TC ha tenido un papel clave en resoluciones controversiales sobre el alcance del control fiscal y congresal sobre el Ejecutivo. En este caso, una resolución favorable podría paralizar el expediente o dilatarlo hasta después del término del mandato presidencial.
“El médico Cabani está poniendo contra las cuerdas a la mandataria”, dijo Carrión, quien concluyó que una suspensión del proceso por vía constitucional sería, en los hechos, la única vía real para neutralizar el impacto legal del caso antes de que llegue al Congreso.
