La tercera sesión de la audiencia de apelación del caso Saweto, que involucra el asesinato de cuatro líderes indígenas en 2014, fue suspendida el 6 de mayo debido a la renuncia del intérprete ashéninka, lo que impidió la participación efectiva de las viudas y familiares de las víctimas.
La Corte Superior de Justicia de Ucayali, a través de la Sala Penal de Apelaciones, informó que el Ministerio de Cultura tardaría hasta 20 días en designar un nuevo intérprete, lo que podría seguir retrasando el acceso a justicia para las víctimas. La audiencia fue reprogramada para el 15 de mayo de 2025, a las 14:30 horas.
El caso Saweto tiene como víctimas a Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo, quienes fueron asesinados en setiembre de 2014 en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, cerca de la frontera con Brasil. Los líderes indígenas fueron víctimas de un ataque relacionado con su lucha por la defensa de sus territorios y recursos naturales, especialmente frente a la actividad maderera ilegal.
Durante la audiencia, la falta del intérprete ashéninka generó un nuevo obstáculo en el proceso judicial, dificultando que las viudas y familiares pudieran seguir el desarrollo de la apelación. La defensa de los acusados, que en su momento cuestionó el desempeño del intérprete en una audiencia anterior, ha sido un tema recurrente en el caso.
Intérprete anterior renunció días antes de la sesión
Según información proporcionada por la Sala Penal de Apelaciones, el intérprete que participaba en el caso renunció días antes de la sesión, lo que obligó a solicitar al Ministerio de Cultura un reemplazo. Sin embargo, la respuesta del ministerio podría demorar hasta 20 días, un retraso que agrava aún más la situación para las víctimas que llevan más de diez años esperando justicia.
Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que este hecho constituye una grave vulneración de derechos y un incumplimiento de los estándares internacionales para garantizar un juicio justo. “Es inaceptable que después de tantos años de proceso, se sigan cometiendo estas negligencias. La participación de las familias en su lengua materna es un derecho reconocido,” afirmó Guimaraes.
Por su parte, Jamer López, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), expresó que las organizaciones indígenas mantendrán su vigilancia para que se respete el debido proceso en la audiencia. “Seguiremos exigiendo que se respeten los derechos de las agraviadas, que se garantice su participación plena en el proceso,” manifestó López.
Retraso en audiencia de apelación aumenta la frustración de las víctimas
La audiencia de apelación estaba programada para revisar la sentencia que condenó a 28 años de prisión a dos de los responsables del crimen, pero que absolvió a otros implicados. Las familias de las víctimas y las organizaciones que las acompañan denuncian que la sentencia aún no resuelve completamente la demanda de justicia de la comunidad, que reclama una sanción más severa para los culpables.
El Ministerio de Cultura es responsable de garantizar que los intérpretes sean asignados en casos que involucren lenguas originarias, ya que su presencia es esencial para garantizar un juicio intercultural, un derecho fundamental reconocido tanto por la legislación nacional como por tratados internacionales. Este nuevo retraso en el proceso judicial aumenta la frustración entre las víctimas, quienes siguen esperando que se haga justicia tras más de una década.
A pesar de este juicio, la comunidad ashéninka sigue presenciando cómo la tala ilegal en sus tierras continúa, lo que amenaza tanto su forma de vida como el equilibrio ecológico de la zona. Las viudas y organizaciones como AIDESEP exigen al gobierno garantías de seguridad y una acción más efectiva para frenar la explotación ilegal y proteger a los afectados.
