El informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte trajo diversos cuestionamientos sobre la pertinencia y legalidad. Consultados por los medios de comunicación, hasta el momento, cuatro ministros se han referido a la medida destacando que no fue una solicitud propia de la mandataria, pese a que trascendidos apuntan a lo contrario, sobre todo al ser una solicitud expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Si bien los cuatro integrantes del gabinete ministerial de Gustavo Adrianzén argumentaron que la medida es legal y se encuentra respaldada por la Ley 30057, que regula el régimen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), discreparon en tiempo. El titular del Ministerio de Trabajo, Daniel Maurate, aseguró que es un buen momento para que la jefa de Estado aumente su salario de S/ 16 mil a S/ 35.568.
“El sueldo de la presidenta está establecido en la Constitución Política del Estado. Lo que se está haciendo básicamente es cumplir con la Constitución, donde se señala que el sueldo de la presidenta debe ser el correspondiente a su competencia y a su nivel. Siempre es un buen momento para cumplir con la Constitución. Si la presidenta anuncia que se va a disminuir el sueldo, sería un acto populista”, afirmó durante una conferencia en la Universidad Católica Santa María de Arequipa.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, calificó de especulación las versiones que sugieren una intención directa desde Palacio de Gobierno. Aunque respaldó la propuesta del MEF, argumentando un “ordenamiento legal”, enfatizó que no es el momento adecuado para discutir este tema, dado el contexto de crisis que atraviesa el país. En ese sentido, propuso que el debate se posponga. “Yo sí estoy de acuerdo. Que se haga el ordenamiento, que no haya más populismo, que no haya más de demagogia y se ordene. [...] Indudablemente, no es el mejor momento. Dejemos que pasen las semanas, que se enfríen los ánimos, tener una mejor perspectiva y discutamos el tema”, mencionó en conversación con Canal N.
En esa línea, la responsable del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León, insistió que el ajuste salarial forma parte de un proceso técnico y normativo que establece la reestructuración de los cuadros de puestos en las entidades del Estado. “Lo primero que tenemos que aclarar es que la presidenta no ha pedido ningún incremento de sueldo, esto no viene de un pedido de la presidenta, esto viene de la implementación de la Ley Servir, dentro de todo ese proceso hay uno en especial que significa que las entidades tienen que aprobar su cuadro de puestos. Esto no es un tema que tiene la presidenta, esto viene de la aplicación normativa”, sostuvo en declaraciones a la prensa.
Por último, el ministro de Educación, Morgan Quero, evitó responder sobre la pertinencia y se enfocó en que se trata de un proceso externo al Ejecutivo. “Es un proceso donde 29 otras entidades públicas pasan del servicio civil a todo este fortalecimiento del sector público, ordena el cuadro de personal de cada entidad”, indicó y agregó que inició en el pasado, pero que tuvo que suspenderse ante la inestabilidad política.
“Lamentablemente, durante varios gobiernos anteriores, el Perú ha estado a merced de distintas amenazas, a la deriva de las luchas constitucionales, de los cambios de presidentes, bastante desagradable para muchos ciudadanos, y se ha retomado un control de la situación desde que llegó presidenta Dina Bolarte. La ley que se está aplicando es la ley de Servir del 2013. Acá no hay ninguna arbitrariedad ni solicitud de la presidenta es un proceso que se avanzó en 2013, 2014 y se regresó a una buena senda para darle certidumbre y un nuevo marco a todo el sector público”, sentenció.
