En los últimos años, el periodismo en Perú ha sido marcado por una serie de atentados contra periodistas, hechos criminales que han sido vinculados con su labor de investigación y denuncia sobre actos de corrupción y abuso de poder por parte de autoridades. Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), al menos 64 periodistas han sido asesinados desde 1980, con un alto porcentaje de impunidad.
El reciente asesinato de Raúl Celis López, periodista de Radio Karibeña, ocurrido el 7 de mayo en Iquitos, genera inquietudes sobre la creciente inseguridad que afecta a los comunicadores y sobre una libertad de prensa que parece incomodar a los gobiernos de turno.
Celis, conocido por su valentía al abordar problemas sociales y corrupción política en su programa Hora Cero, fue asesinado esta mañana por sicarios mientras se dirigía a su centro de trabajo en mototaxi. El crimen no está relacionado con un asalto a mano armada, sino que presenta todas las características de un reglaje: los criminales habían estudiado el horario y la ruta habitual del comunicador. Este modus operandi resuena con otros crímenes similares ocurridos en el país.
Gastón Medina y sus denuncias contra el GORE y la PNP de Ica
Otro caso que sacudió al país este año es el de Gastón Medina, periodista de Cadena Sur en Ica, quien fue ultimado a balazos el 20 de enero frente a su vivienda. Medina, conocido por sus denuncias sobre la corrupción en las dos últimas gestiones del Gobierno Regional de Ica (actualmente presidido por Jorge Carlos Hurtado Herrera), así como sobre el sistema de transporte público, fue víctima de amenazas previas.
El periodista, solo horas antes de su muerte, le confesó a un amigo cercano las amenazas que recibía en su celular. “Te crees vivo, ya vas a caer”, le decían. Esta declaración coincide con lo que señaló la viuda de Medina: “Mi esposo denunciaba todos los actos de corrupción con pruebas. La única forma de callarlo era matándolo”, expresó.
No solo las amenazas de muerte, sino una serie de actos de hostigamiento evidencian el amedrentamiento contra la labor periodística de Gastón Medina. En octubre de 2020, tras acusaciones de la pareja del gobernador Javier Gallegos, se allanó el local de Cadena Sur en Ica y se confiscaron equipos. En febrero de 2022, Medina recibió una amenaza de muerte mediante un arreglo floral, y en septiembre de ese mismo año, un explosivo fue lanzado en el canal. Además, arrojaron pintura roja simulando sangre y dejaron un perro muerto en las instalaciones.
Según se conoció, hace dos años, Medina comenzó a cuestionar la gestión del gobernador Jorge Hurtado, conocido como ‘tío Rocky’. Es en este periodo en que, tras recibir una advertencia de un sicario sobre que un alto funcionarios del GORE le puso un precio a su vida, cambió su rutina, trasladando su trabajo a un pequeño estudio de televisión en su hogar en lugar de acudir al canal.
Agredido por informar sobre denuncia a dirigentes de una asociación
Hace unos días, el periodista Cristhian Urbina, reportero de un medio digital de Ayacucho, fue agredido mientras realizaba su labor informativa. El ataque ocurrió por parte de presuntos dirigentes de la Asociación La Victoria, denunciados por apropiación irregular de lotes y otros delitos.
Urbina relató que fue empujado, golpeado y despojado de su celular frente a agentes del serenazgo y la Policía, quienes no intervinieron. Fue la propia población, involucrada en el conflicto con la asociación, quien lo defendió.
El comunicado había acudido al lugar tras ser convocado por residentes que querían que se cubriera la denuncia sobre los dirigentes, quienes se niegan a dejar el cargo pese a haber perdido las elecciones internas en enero.
Secuestrados en Cajamarca por informar sobre Yenifer Paredes
El 6 de julio de 2022, el periodista Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdiviezo, ambos del programa Cuarto Poder de América Televisión, fueron retenidos por un grupo de aproximadamente 40 a 50 ronderos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, provincia de Chota, en Cajamarca.
El equipo periodístico se encontraba realizando un reportaje sobre Yenifer Paredes, cuñada del entonces presidente Pedro Castillo, quien había sido citada por la Fiscalía de la Nación. Tras ser identificados como miembros de Cuarto Poder, los ronderos los obligaron a leer un comunicado en vivo, dictado por ellos, en el que se disculpaban por una supuesta imputación falsa y expresaban apoyo al gobierno central.
El periodista Quispe señaló que este incidente fue una consecuencia del discurso del entonces presidente Pedro Castillo contra la prensa, lo que, según él, alentó actos como el ocurrido. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio contra los ronderos, pero no hubo sanciones efectivas.
Luis Choy y el político vinculado al narcotráfico
Luis Choy, fotógrafo del diario El Comercio, fue asesinado el 23 de febrero de 2013 frente a su casa en Pueblo Libre.El sicario Lindomar Hernández Jiménez, alias “Puerto Rico”, confesó haber recibido 20 mil soles por el crimen, que fue planeado desde el penal Sarita Colonia.Según su relato, fue contactado por Edgar Lucano, alias “Lucano”, quien le proporcionó una foto de Choy y detalles para citarlo bajo el pretexto de comprar una camioneta que el periodista había puesto en venta .
Investigaciones posteriores sugieren que el móvil del asesinato podría haber estado relacionado con una investigación que Choy realizaba sobre nexos entre un político y el narcotráfico. Carlos Timaná, un recluso que estuvo en prisión con los autores materiales, afirmó que estos le confesaron que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Choy y no por asuntos personales.
El caso sigue sin esclarecerse completamente, ya que no se ha identificado al autor intelectual del asesinato. Carlos Aldabe Ugarte, alias “Fortachón”, fue sentenciado en 2019 a 28 años de prisión por haber contratado a los sicarios, pero se desconoce quién le encargó el crimen.
El secuestro de Gustavo Gorriti
El periodista ha sido objeto de múltiples ataques a lo largo de su carrera debido a sus investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. Uno de los incidentes más notorios ocurrió el 5 de abril de 1992, durante el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori. Ese día, Gorriti fue secuestrado por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y trasladado al Cuartel General del Ejército del Perú. Su esposa alertó rápidamente a periodistas y organizaciones no gubernamentales, lo que generó presión internacional y llevó a su liberación tres días después.
