Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, es el principal sospechoso de la matanza de 13 trabajadores mineros en Pataz. El lunes 5 de mayo, viajó a Colombia, donde el gobierno de ese país aclaró que ingresó sin ningún requerimiento judicial que obligara su retención ni una alerta migratoria que impidiera su entrada. Además, no existía una orden de detención en su contra.
Este criminal ya había estado en Colombia en dos ocasiones este año: el 5 de enero y el 3 de febrero. Previamente, el 25 de octubre de 2024, también ingresó a Chile. Su interés en Colombia se debe a sus negocios en el país, lo que no ha generado gran sorpresa, considerando su amplio historial criminal con bandas de mineros ilegales.
A lo largo de su carrera delictiva, alias “Cuchillo” ha amasado una fortuna de aproximadamente 80 millones de soles, producto de los negocios ilícitos de su banda, ‘La Gran Alianza 2’, dedicada a la explotación ilegal de oro en el norte del país. Se le vincula con homicidios, sicariato, y la tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Su carrera criminal comenzó en 2014, cuando fundó la banda ‘Los Chuckys’, que operaba en Florencia de Mora, Trujillo.
En Colombia, el interés de “Cuchillo”, se centra ahora en establecer alianzas con poderosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la venta de armamento de guerra a mineros y taladores ilegales.
Entre estos grupos se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. La Policía no descarta que alguna de estas organizaciones esté brindándole protección.
La huida de “Cuchillo” ha puesto en jaque a las autoridades del Ministerio Público y la PNP, que ahora deben explicar por qué un sujeto con trece expedientes fiscales, en los que es investigado o imputado por diversos delitos, no tenía una orden de captura ni un impedimento de salida del país.
Entre los casos más recientes en su contra se encuentra una investigación abierta en 2024 por fabricación o tenencia de explosivos, así como otro caso que abarca el período de 2018 a 2020 por extorsión. El nombre de “Cuchillo” está registrado en diversas sedes fiscales de Áncash y La Libertad, lo que pone al descubierto las fallas en el sistema de justicia que permitieron su fuga.
La palabra del fiscal que liberó a ‘Cuchillo’
La liberación de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto responsable de la masacre en Pataz, ha desatado una fuerte polémica en el país. En 2023, el fiscal Edwin Ramos Herrera ordenó su liberación tras determinar que hubo una grave falta de coordinación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. Según el fiscal, la PNP no notificó de manera oportuna la intervención en la que fue detenido “Cuchillo” y otros sospechosos, lo que impidió que la Fiscalía pudiera participar en las diligencias desde el inicio.
Ramos Herrera criticó que los agentes policiales realizaran la intervención sin avisar al fiscal de turno. A pesar de que los sospechosos fueron detenidos con armas de fuego, los dispositivos encontrados estaban inoperativos, lo que, según el fiscal, fue clave para la decisión de liberarlo. Además, la notificación oficial de la PNP llegó con más de cuatro horas de retraso, lo que afectó el desarrollo de la investigación y limitó la capacidad de la Fiscalía para actuar de inmediato.
El caso de “Cuchillo” se complica aún más al poner en evidencia las tensiones entre la Policía y el Ministerio Público, instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La falta de comunicación entre ambas entidades en un caso tan relevante refleja las deficiencias en el sistema judicial y de seguridad del país. La liberación del presunto autor intelectual de la masacre de Pataz, sin pruebas suficientes, ha generado un debate sobre la eficacia de las investigaciones y el manejo de casos de alto impacto en el Perú.
