Extorsionadores han sembrado temor en la comunidad educativa del I.E. 1146 República del Paraguay, ubicado en el Cercado de Lima, tras exigir el pago de cupos relacionados con una obra de construcción que se lleva a cabo en la institución de propiedad del Estado peruano. La situación ha escalado hasta el punto de que las autoridades educativas se han visto obligadas a suspender las clases presenciales.
La obra en cuestión consiste en la construcción de un muro de contención, cuya realización ha dado inicio a una nueva ola de extorsión en el ámbito educativo. Aunque las extorsiones se han relacionado principalmente con colegios privados, este caso marca un precedente en las instituciones educativas estatales, que también se han convertido en blancos de estos actos criminales.
Según testimonios de madres de familia, cinco sujetos con armas de fuego se presentaron en el colegio para amenazar al vigilante del plantel. Los delincuentes exigieron que se incluyera a sus trabajadores en la obra, o de lo contrario, los responsables de la obra le paguen un cupo. Las amenazas continuaron con extrema violencia, llegando incluso a infiltrarse en un grupo de WhatsApp de padres de familia, a quienes amenazaron de muerte si no cumplían con las demandas.
La violencia escaló cuando los criminales advirtieron que, si no obtenían el dinero que exigían, realizarían un atentado con arma de fuego. “Quiero mi plata, si no, próxima semana plomeo a los que estén en la puerta. Mueren todos”, se lee en el mensaje amenazante enviado por los extorsionadores, autodenominados ‘Los Incautos del Sur’.
Ante estos hechos, el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marcos Tupayachi, se presentó en las instalaciones del colegio y anunció que se adelantarían las vacaciones escolares de esta semana para evitar que los estudiantes y el personal se expusieran a más riesgos. Además, informó que se interconectarán las cámaras de seguridad del colegio con la Policía para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad del plantel.
Extorsión en colegios privados
La extorsión en colegios privados es un fenómeno alarmante que ha crecido en diversas ciudades de Perú, siendo la situación más alarmante en Trujillo (La Libertad) y Lima (la zona norte). Este delito, que afecta tanto a instituciones educativas como a sus comunidades, ha sido vinculado principalmente a demandas de dinero de parte de grupos criminales.
Para lograr sus objetivos, las bandas criminales emplean métodos intimidatorios que incluyen desde amenazas a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas hasta la detonación de artefactos explosivos en los accesos de los colegios. Este fenómeno ha afectado el inicio del año escolar 2025, ya que muchas instituciones se vieron obligadas a recurrir a las clases virtuales, mientras que otras suspendieron sus actividades por completo debido a la grave situación de inseguridad que pone en riesgo la vida de estudiantes y personal.
Desde el Ministerio de Educación (Minedu) se ha implementado un plan de seguridad que busca involucrar a la Policía Nacional del Perú (PNP), a los padres de familia y facilitar el acceso de los escolares a la plataforma educativa estatal, con el fin de permitirles recibir clases virtuales desde sus colegios particulares. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la criminalidad que afecta a las comunidades educativas no ha cesado, y las amenazas y extorsiones continúan poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.
Línea de denuncias ante extorsiones
Con el objetivo de combatir la extorsión y brindar mayor protección a las víctimas, el Gobierno del Perú activó la Central 111 de la Policía Nacional, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, que permite a los ciudadanos enviar audios, videos e imágenes relacionados con estos delitos. Esta central, integrada con la línea de emergencias 105, complementa otras vías especializadas como la Línea 1818, destinada exclusivamente a denuncias de extorsión, y el celular 942841978, que ofrece un contacto directo, discreto y seguro.
Toda la información recibida es analizada por el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), garantizando investigaciones más eficaces y rápidas acciones policiales. Con estas medidas, el gobierno busca fortalecer la lucha contra la extorsión, facilitando que las víctimas denuncien de manera segura y contribuyendo así a mejorar la seguridad ciudadana en el país.
