Una operación conjunta entre el Ministerio de Cultura y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) permitió la incautación de una pintura con valor histórico que iba a ser enviada ilegalmente a Estados Unidos desde una oficina de Servicios Postales del Perú (Serpost) en el distrito de Los Olivos.
El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria de encomiendas por parte de oficiales de Sunat-Aduanas en los almacenes de Serpost, donde identificaron una obra que llamó la atención por sus características visuales y materiales. Ante las sospechas, se notificó al equipo del Ministerio de Cultura, específicamente a la Dirección de Recuperaciones (DRE), unidad especializada en la defensa del patrimonio cultural mueble.
La pieza incautada es una pintura al óleo sobre lienzo, montada sobre un marco de madera sobredorado. Representa a una figura femenina ataviada con vestimenta blanca y velo, en un estilo que sugiere origen republicano, aunque su autenticidad y valor histórico serán confirmados tras los análisis correspondientes.
Junto a esta obra fueron halladas otras dos pinturas de corte contemporáneo, todas empacadas en tecnopor y destinadas a ser enviadas mediante el servicio de Correo Express a la galería Estate and Consignment Fine Art, ubicada en la ciudad de Scottsdale, en el estado de Arizona, Estados Unidos.
Según la documentación adjunta al envío, el remitente sería un ciudadano peruano domiciliado en el distrito limeño de Surquillo. Sin embargo, aún no se ha confirmado si tenía conocimiento del posible carácter patrimonial de la obra principal.
Traslado y proceso de verificación
Una vez redactada el acta correspondiente, los especialistas del Mincul procedieron con la incautación inmediata de la pintura, que fue trasladada a la sede central del Ministerio de Cultura. Allí será sometida a un proceso de verificación técnica y legal. En caso de confirmarse su condición de bien cultural de la Nación, se iniciarán las gestiones para garantizar su protección física y jurídica, conforme a lo establecido por la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Esta acción fue ejecutada por el Módulo de Verificaciones de Bienes Culturales ubicado dentro de Serpost, parte del esfuerzo permanente por frenar el tráfico ilícito de objetos patrimoniales.
Lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio
La intervención se realizó en el marco del trabajo que viene impulsando la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de Bienes Muebles del Patrimonio Cultural de la Nación, creada en marzo de 2021. Este espacio de coordinación interinstitucional ha permitido fortalecer la vigilancia sobre el traslado de objetos culturales y ha consolidado a la Sunat como aliado estratégico en este objetivo.
El Ministerio de Cultura destacó que este tipo de acciones son resultado de una capacitación constante a entidades aliadas sobre identificación de bienes arqueológicos, históricos y documentales.
En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume activamente a la defensa del patrimonio cultural, denunciando cualquier hallazgo, sospecha o atentado contra bienes muebles o inmuebles que formen parte del legado nacional. Para ello, se encuentran habilitados los canales de atención:
- Teléfonos: (01) 321-5561 y 976066977
- WhatsApp: 976066977
- Correo electrónico: atenciondedenuncias@cultura.gob.pe
- Plataforma web: http://denunciaspc.cultura.gob.pe
Penas por comercializar bienes culturales
En el Perú, la comercialización no autorizada de bienes que forman parte del patrimonio cultural puede conllevar sanciones penales severas. De acuerdo con el artículo 230 del Código Penal, cualquier persona que destruya, altere, saque ilegalmente del país o comercialice bienes culturales de origen no prehispánico —como los pertenecientes a los períodos colonial o republicano— puede ser procesada penalmente, siempre que dichos objetos hayan sido oficialmente reconocidos como parte del patrimonio cultural de la Nación.
Estas acciones son consideradas delitos, incluso en grado de tentativa, y pueden agravarse si involucran a funcionarios públicos que, teniendo responsabilidades de resguardo, facilitan o permiten estas infracciones.
Además, la ley contempla el decomiso de los objetos involucrados, así como de los instrumentos usados para su traslado o comercialización ilícita. Esta normativa busca frenar el tráfico y deterioro de piezas fundamentales para la memoria histórica del país.
