Nunca antes visto. Un abogado demandó al Tribunal Constitucional ante el Poder Judicial. Se trata del abogado Marco Riveros, quien presentó un habeas corpus a favor de la presidenta Dina Boluarte en marzo de 2024, luego del allanamiento a su domicilio por el caso Rolex.
El habeas corpus fue rechazado en doble instancia judicial, por lo que Riveros presentó el recurso para que el caso sea elevado al Tribunal Constitucional. En esta instancia, la mandataria acreditó a sus nuevos abogados, Ernesto Blume y Domingo García Belaunde, a pesar de que había desautorizado en un inicio el recurso.
El TC evaluó el recurso a favor de Dina Boluarte en setiembre de 2024 y está a la espera de que se emita la sentencia respectiva. Debido a que pasaron 7 meses sin que se conozca el fallo, el abogado Marco Riveros demandó al máximo intérprete de la Constitución ante el Poder Judicial.
El letrado denuncia una supuesta vulneración del derecho constitucional al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de legalidad procesal y plazo razonable.
Infobae accedió a la resolución del Sexto Juzgado en lo Constitucional de Lima que admite el nuevo habeas corpus y que dispone oficiar al TC para que responda la demanda.
Recursos a favor de Boluarte
Aunque este habeas corpus es distinto al proceso competencial del Ejecutivo contra el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, ambas demandas comparten argumentos.
Por ejemplo, en ambas demandas se cuestiona la legitimidad de la Fiscalía para investigar a un presidente en funciones fuera de los supuestos establecidos en el artículo 117 de la Constitución.
Debido a las similitudes de argumentos, en su oportunidad, la presidenta del TC, la magistrada Luz Pacheco, anunció que la demanda competencial y el habeas corpus se resolverían al mismo tiempo.
En una reciente declaración, tras la audiencia en Arequipa, Pacheco estimó que el caso de las investigaciones contra el jefe de Estado se resolvería a más tardar en el mes de mayo.
“Sí, es muy importante definir si puede el Ministerio Público hacer desde el comienzo esto (investigar al presidente en funciones). (...) Nosotros, de hecho, ya estamos dialogando sobre estos temas. No tenemos las mismas ideas. La cuestión será ponernos de acuerdo. Nuestra meta es que no pase de mayo (la decisión del caso)”, dijo Pacheco a la prensa.
Fallo del TC blindaría a Boluarte
El Tribunal Constitucional se encuentra próximo a emitir un fallo que podría redefinir el alcance de la inmunidad presidencial en el país. La decisión que adopte determinará si la presidenta Dina Boluarte y sus sucesores pueden ser investigados por presuntos delitos comunes mientras ejercen el cargo.
Este debate gira en torno a la interpretación del artículo 117° de la Constitución, que establece que el presidente de la República no puede ser procesado ni acusado durante su mandato, salvo en casos específicos como traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso fuera de los límites constitucionales.
El caso llegó al TC tras una demanda competencial presentada por el Ejecutivo, que busca detener las investigaciones fiscales abiertas contra Boluarte. La controversia radica en si esta inmunidad también impide que el presidente sea investigado por delitos comunes, una cuestión que ha generado interpretaciones divergentes en los últimos años. Esta disposición ha sido parte del marco constitucional desde la promulgación de la Constitución de 1993, pero su aplicación ha sido objeto de debate, especialmente desde 2020.
Hasta ese año, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público coincidían en que los presidentes no podían ser investigados por delitos comunes mientras estuvieran en funciones. Sin embargo, esta práctica cambió durante el enfrentamiento político entre el Congreso y el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra. En ese contexto, el Ministerio Público, liderado por Zoraida Ávalos, adoptó una nueva interpretación que permitió abrir investigaciones preliminares contra Vizcarra, aunque estas no avanzaron a procesos judiciales hasta que dejó el cargo.
El fallo del TC podría restaurar la interpretación original del artículo 117° o consolidar la postura adoptada desde 2020. Este fallo no solo afectará a Boluarte, sino que también sentará un precedente para futuros mandatarios, definiendo los límites de la inmunidad presidencial en Perú.
