La justicia en Huancayo dio un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado dentro del sistema penitenciario peruano, al ordenar la detención preliminar de 10 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un periodo de 15 días.
Esta medida se produce como resultado de una investigación policial y fiscal que ha sacado a la luz la implicación de estos funcionarios en actividades ilegales dentro del Penal de Huamancaca Chico, en Junín.
El operativo, bautizado “Mantaro Arrasador 2025”, fue ejecutado el pasado 25 de abril y movilizó a más de 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en colaboración con el Ministerio Público.
A través de una serie de allanamientos y la recopilación de pruebas, se logró la detención de 33 personas, de las cuales 15 pertenecen al INPE. Estas personas están acusadas de facilitar el ingreso de drogas y otras sustancias ilícitas al centro penitenciario a cambio de sobornos, lo que representa un grave quebrantamiento de la ley y de la seguridad del sistema penitenciario.
El escándalo que ha sacudido al INPE no es un hecho aislado. Según las investigaciones, los agentes detenidos no solo permitían el paso de drogas, sino que también se encargaban de facilitar reuniones no autorizadas entre reclusos y visitas de manera irregular.
Estos funcionarios se habrían beneficiado económicamente de sus actividades ilícitas, favoreciendo el ingreso de paquetes con sustancias prohibidas ocultas en diversos elementos, como alimentos o productos personales.
A raíz de este operativo, la Fiscalía ha solicitado que los involucrados permanezcan bajo detención preliminar por un plazo de 15 días, mientras se completan las investigaciones y se analizan los elementos de prueba.
Durante este tiempo, también se procedió a la incautación de bienes y propiedades de los detenidos, lo que podría arrojar más información sobre el alcance de su vinculación con organizaciones criminales.
Entre los detenidos se encuentran varios trabajadores clave dentro del penal, como Edgar Anyosa Huamán, Jean Franco Zarria Campos y Augusto Quispe Rosales. La función de estos agentes dentro del centro penitenciario les permitió tener acceso a información privilegiada y facilitar el paso de sustancias ilícitas, lo que contribuyó a mantener operativas las organizaciones criminales dentro de las cárceles.
Este escándalo también resalta la grave situación por la que atraviesa el sistema penitenciario en el país, donde no solo los reclusos, sino también algunos de sus custodios, se ven envueltos en actividades delictivas.
Las bandas que operan dentro de estos recintos penitenciarios, como “La Administración 2 del Penal” y “Los Proveedores”, se han convertido en una amenaza constante tanto para la seguridad pública como para el propio sistema de justicia.
Cabe señalar que el INPE no pasa por su mejor momento institucional. Desde la renuncia de su entonces director, Javier Llaque Moya, tras la fuga de un reo del penal de Lurigancho, en Lima, el organismo se encuentra sin una cabeza visible, lo que ha generado incertidumbre sobre las medidas que se tomarán para erradicar este tipo de prácticas. La falta de liderazgo claro podría estar contribuyendo a la perpetuación de estas redes de corrupción dentro de las cárceles.
El trabajo de investigación que ha permitido desmantelar esta red criminal no ha sido sencillo. La Fiscalía y la PNP han tenido que enfrentar varios obstáculos, como la falta de notificaciones oportunas en algunos casos y la dilación de ciertos procesos judiciales. A pesar de ello, el reciente operativo ha demostrado que la corrupción dentro del INPE puede ser combatida, aunque todavía queda mucho por hacer para erradicarla de raíz.
