El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el Gobierno de Dina Boluarte dispondrá la privatización de la seguridad de los centros penitenciarios administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ello luego de que un preso fugara del penal Lurigancho.
“En razón de los problemas que hemos visto en el sistema penitenciario y conforme a un decreto legislativo de hace más de 10 años. Se propuso en su oportunidad desde el Ejecutivo para que (...) el sistema de ingreso a los penales sea privatizado. Nosotros vamos a poner en valor y en estos próximos días debemos estar aprobando el decreto de urgencia mediante el cual se somete a consideración de la inversión privado”, dijo Arana ante la Comisión de Justicia del Congreso.
El titular de Justicia precisó que la administración y control de los reos seguiría a cargo del Estado. Lo que estará a cargo de una empresa privada será el control del ingreso y salida de los penales.
“Primero los penales más problemas y riesgos para que pueda la empresa privada hacer control, tanto de ingreso y de salida de todas las personas. Como el INPE no lo puede hacer y hemos estado más de 10 años en que no funcionan los bodyscans, el sistema de rayos X. Vamos a poner también en valor. En los próximos días estaremos firmando por el cual esta actividad va a formar parte de un concurso público para que la actividad pueda apoyarnos en este trabajo”, explicó.
El anuncio llega a días de que inicie el cierre de penales dispuesto por el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida hace 5 años.
Asimismo, llega en un momento en el que el sistema penitenciario es duramente cuestionado por su facilidad de ser vulnerado por redes criminales.
No solo la fuga de un preso en el penal Lurigancho fue noticia este mes. También se detectó internet satelital, router, placa electrónica y cigarrillos durante requisa en penal de Challapalca, supuestamente uno de los más seguros del país.
¿En qué consistirá la privatización de penales?
Tras su presentación en la Comisión de Justicia, el ministro Eduardo Arana declaró a la prensa y explicó cómo funcionaría el sistema penitenciario con la incorporación de empresas privadas.
“Hay ausencia de agentes penitenciarios y hay problemas en el ingreso de las personas. ¿Qué sucede? No hay bodyscam. Los rayos X para las maletas, los alimentos, las cosas que ingresan, no funcionan. Y si funcionan, funcionan mal. Entonces, tenemos déficit de personal y déficit de equipo en los ingresos. Lo que hemos decidido (...) una norma que permita que convoquemos, solo en los ingresos, a la actividad privada para que pueda atenderlos", indicó.
Ante las críticas por la ausencia de un jefe del INPE tras la renuncia de Javier Llaque, el titular del Interior asegura que dicha situación no implica que la “política penitenciaria, las órdenes, el control, estén afectados”.
¿Quién es el preso que gatilló la salida del jefe del INPE?
La fuga de Jhon Kennedy Javier Sebastián del penal de Lurigancho, en Lima, ha desatado una serie de cambios en el sistema penitenciario peruano, incluyendo la salida del presidente del INPE, Javier Llaque Moya, y del director del penal. Este hecho, que ocurrió tras trepar un cerco perimétrico, ha puesto en evidencia fallas en la seguridad de uno de los centros penitenciarios más importantes del país. Según informó Infobae, el incidente ha generado una fuerte conmoción en las autoridades y en la opinión pública.
Jhon Kennedy Javier Sebastián, originario de Falcón, en Venezuela, había sido detenido el 14 de agosto de 2023 en el distrito limeño de Lince, acusado de robo agravado. Posteriormente, el Poder Judicial lo declaró culpable y lo condenó a una pena de 10 años, siete meses y siete días de prisión efectiva. La sentencia se basó en pruebas que confirmaron su participación en el asalto a una botica, un hecho que quedó registrado en los documentos judiciales citados por América Noticias.
El testimonio de la víctima, pieza clave en el caso, describe cómo Javier Sebastián ingresó a la tienda simulando ser un cliente. Según el relato, el hombre pidió información sobre un producto, pero rápidamente mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura para amenazar al propietario y exigirle el dinero de las ventas del día. “Yo me encontraba en mi tienda sin ningún cliente, un joven ingresa y me pregunta por el precio del queque. De inmediato levanta su polo y en su cintura tenía un arma de fuego que me hace ver para amenazarme solicitándome que le entregue el dinero de la venta del día”, declaró la víctima.
