En los próximos días, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú definirá la suerte de la presidenta Dina Boluarte y de sus sucesores en Palacio de Gobierno. Es decir, una vez, el TC tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentales para el futuro político del país.
A raíz de una demanda competencial presentada por el Ejecutivo con el fin de frenar las diversas carpetas fiscales abiertas contra Boluarte Zegarra, el TC deberá resolver si un presidente de la República puede ser investigado durante el ejercicio de su mandato por la presunción de cometer un delito común.
Nuevamente, la interpretación del artículo 117° de la Constitución vuelve a estar en el centro de la polémica. La norma establece que el presidente de la República es intocable durante su mandato, no pudiendo ser investigado por delitos comunes mientras esté en funciones.
Esta disposición ha sido parte del marco constitucional desde la creación de la Constitución de 1993, sin embargo, su interpretación comenzó a cambiar desde el 2020, en medio de las tensiones políticas entre el Congreso y el gobierno de Martín Vizcarra.
Caso Vizcarra y Castillo
Hasta 2020, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público mantenían la interpretación de que un presidente no podía ser investigado por delitos comunes durante su mandato. Esta práctica se vio alterada por el enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno de Martín Vizcarra.
En ese entonces, el Ministerio Público, liderado por Zoraida Ávalos, decidió abrir una investigación contra Vizcarra por el caso Richard Swing, aunque suspendió los actos indagatorios mientras él seguía en el cargo.
Supuestamente, Vizcarra debía culminar su mandato en julio de 2021, pero fue vacado por el Congreso en noviembre de 2020, y según lo establecido por la fiscal Ávalos, al día siguiente de dejar el cargo, las investigaciones en su contra continuaron con normalidad.
Esta postura se mantuvo hasta que Pedro Castillo llegó al poder. Cuando estalló el escándalo por los ascensos irregulares y el caso Petro Perú, la fiscal Ávalos tomó la misma decisión que con Vizcarra y suspendió las indagaciones preliminares hasta el fin del mandato presidencial.
Sin embargo, la coalición del Congreso, conformada por Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, promovió la inhabilitación de Ávalos por presuntamente negarse a investigar a Castillo.
La fiscal tuvo que dejar el Ministerio Público y se abrió una carpeta en su contra por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
El fin de la inmunidad presidencial
Cuando Patricia Benavides asumió como fiscal de la Nación, las cosas cambiaron drásticamente. Benavides abrió una investigación contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado y presentó una denuncia constitucional ante el Congreso. Su decisión fue respaldada por la Corte Suprema, la oposición en el Parlamento y gran parte de la sociedad civil
¿Qué pasaría ahora? Pedro Castillo debía acudir a rendir su manifestación ante el Ministerio Público cada vez que lo citen. Asimismo, podría levantarse el secreto de sus comunicaciones, el bancario y tributario.
Lo que los partidos en el Congreso no sospechaban es que la postura de Benavides abriría un precedente para los próximos presidentes, esto incluye a los líderes de sus partidos políticos que están pensando presentarse al próximo periodo electoral.
¿Qué pasará con el fallo del TC?
Tras el allanamiento a la vivienda de Dina Boluarte durante Semana Santa, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objetivo de frenar las investigaciones contra la mandataria hasta el final de su mandato. La audiencia se llevó a cabo el pasado viernes 25 de abril en Arequipa.
Según las intervenciones de los magistrados durante la audiencia, todo indica que el Tribunal Constitucional fallará a favor del Ejecutivo, estableciendo que no se puede investigar a un presidente mientras se encuentre en funciones.
Lo que está en juego es el alcance de esta decisión. La prohibición podría ser total, suspendiendo todas las investigaciones hasta que el presidente concluya su mandato, o parcial, si se toma en cuenta la postura de la fiscal Zoraida Ávalos, quien propone iniciar la investigación, pero suspender su desarrollo hasta que termine su período.
