El expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia enfrentan un panorama judicial cada vez más complejo. Además de la reciente condena a 15 años de prisión por lavado de activos, la Fiscalía, a través del Equipo Especial Lava Jato, prepara una nueva acusación penal contra ambos, esta vez vinculada al caso del Gasoducto Sur Peruano, un megaproyecto de más de 7.000 millones de dólares que quedó envuelto en denuncias de corrupción. Según informó el programa Punto Final, la fiscal Geovana Mori Gómez presentará en los próximos días una acusación formal por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita, señalando directamente a Heredia como figura clave en las irregularidades del proceso de licitación.
De acuerdo con la investigación fiscal, la asilada en Brasil habría desempeñado un papel central en la manipulación del proceso de adjudicación del gasoducto. Un testimonio clave proviene de José Alejandro Graña Miró Quesada, exdirectivo de la empresa Graña y Montero y ahora colaborador eficaz, quien afirmó que Heredia vetó la participación de su compañía debido a su relación con un conglomerado de medios críticos del gobierno de Humala. Según Graña, las reuniones con Heredia, realizadas en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, incluyeron presiones para modificar el contenido editorial del diario. Ante la imposibilidad de ceder a estas demandas, Heredia habría impulsado un veto que favoreció a Odebrecht y su socio español Enagás.
El caso se sustenta en un conjunto de pruebas que incluye documentos de la Contraloría, registros de Migraciones, correos electrónicos y las famosas agendas de la cofundadora del Partido Nacionalista Peruano. Además, el colaborador eficaz relató que Heredia habría gestionado la intervención de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para presionar a Marcelo Odebrecht en contra de Graña y Montero. Este testimonio refuerza la hipótesis de que Heredia utilizó su posición de poder para influir en el proceso de licitación del proyecto.
El Gasoducto Sur Peruano, paralizado tras el destape del caso Lava Jato, se ha convertido en un nuevo frente judicial que agrava la situación legal de la pareja. Cabe mencionar que la información se conoce mientras Nadine Heredia permanece en Brasil bajo un asilo político otorgado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que ha generado críticas y acusaciones de impunidad en la región.
Al respecto, el expresidente Ollanta Humala se pronunció por primera vez y rechazó el fallo judicial y defendió el asilo concedido a su esposa e hijo. “El asilo otorgado por Brasil a Nadine y a mi hijo es un acto político y humanitario, respaldado por el derecho internacional, y por el cual estoy agradecido. Mi familia no merece ser víctima de un ensañamiento que manipula a los organismos de justicia para fines de persecución política”, escribió. Además, recordó un episodio anterior en el que sus hijos quedaron sin la presencia de ambos padres debido a un fallo judicial, asegurando que no permitirá que esa situación se repita.
La condena contra Humala y Heredia está relacionada con los aportes ilícitos que habrían recibido de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. Según el fallo, estos fondos no fueron declarados y se utilizaron para fines políticos, configurando el delito de lavado de activos. La pareja ha negado las acusaciones y asegura que continuará defendiendo su inocencia.
