El problema de la inseguridad ciudadana en el Perú ha escalado a niveles históricos. La extorsión ya no es un problema que solo amenaza a los grandes empresarios, sino también a pequeños comerciantes, incluyendo a aquellos que son informales. Ante las fallidas declaratorias de estados de emergencia, la ciudadanía reclama al gobierno de Dina Boluarte medidas concretas para frenar la ola delincuencial que día a día cobra la vida de peruanos y peruanas.
Eduardo Moncada, profesor en la Universidad de Columbia, conversó con Infobae Perú sobre las motivaciones detrás de las organizaciones criminales para apostar por la extorsión y posibles salidas al problema. Esto a partir de sus estudios de casos como los registrados en Medellín, Colombia y Michoacán, México.
La intensificación de la competencia entre los grupos criminales sería una de las razones por las que la extorsión se ha extendido hasta asfixiar a los ciudadanos de menos recursos. “Las rivalidades entre grupos delictivos generan incentivos para que estos inviertan en la extorsión antes que en otras actividades que podrían generar más ingresos económicos. Se trata de una cuestión de control de territorio”, indicó el especialista.
Frente a este escenario, es importante que la Policía Nacional del Perú (PNP) cuente con un mapeo de los actores del crimen organizado y sus influencias, así como su ubicación y entender su forma de pensar. “Es importante que no se escapen de los registros oficiales del estado”, indicó Moncada para recalcar que se trata de una labor de la PNP, no de las Fuerzas Armadas porque estas “no están entrenadas, ni equipadas para actuar en el contexto civil”.
Casos previos
A pesar de la crisis de inseguridad en la que se encuentra sumergida el Perú, Moncada considera que todavía no ha llegado a los niveles registrados en Michoacán o Medellín. En este último, a pesar de la similitudes, el problema de la extorsión lleva décadas afectando sectores específicos de la ciudad.
Moncada pide que viremos la mirada hacia la Sicilia, Italia de finales del último siglo. “La mafia se dedicaba a la extorsión de pequeños comercios, pero estos, trabajando mano a mano con el gobierno, supieron hacerle frente. Comunicaron públicamente que no pagarían las extorsiones, decisión riesgosa que no habría tenido éxito de no ser por la cercana comunicación entre los afectados con elementos del gobierno, Policía y sistema de justicia”, contó.
Este último es uno de los puntos de comparación más resaltantes con el caso peruano. Si bien el gobierno de Dina Boluarte ha impulsado la creación de vías de comunicación para denunciar casos de extorsión, la ciudadanía no confía en la Policía Nacional del Perú (PNP). Las sospechas de corrupción son altísimas y más aún las de los vínculos entre las autoridades y los grupos delictivos.
“Parte de la estrategia era que las víctimas podían acudir a las autoridades con la confianza que estos responderían a favor de ellos. Además, existía constante despliegue policía, líneas directas de contacto y reuniones regulares. Había un compromiso del Estado para invertir en el capital humano y financiero”, indicó Moncada.
A pesar de la radicalización de la violencia, no se optó por calificarla de terrorismo, “aunque el asesinato de jueces y miembros de la clase política” sí habría motivado el uso del término. En el caso peruano, el Ejecutivo y el Legislativo insisten en impulsar la Ley de Terrorismo Urbano, iniciativa que busca tipificar delitos ya tipificados y que ya ha sido cuestionado por diversos especialistas. La propuesta de la presidenta de la República sigue en manos del Parlamento mientras centenas de ciudadanos se organizan para salir, una vez más, a las calles y reclamar por medidas concretas, reales y efectivas para la crisis.
