El 18 de junio de 1986, mientras en Lima se celebraba una cumbre internacional con presencia de líderes socialistas de distintos países, estallaron motines simultáneos en tres penales del país. El Frontón, ubicado en una isla frente al Callao, fue uno de ellos. Allí, internos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso se rebelaron contra las condiciones de reclusión, pero lo que comenzó como una protesta terminó en una de las masacres más ocultadas de la historia reciente del Perú.
Ese mismo día, el gobierno de Alan García delegó el control total de los penales a las Fuerzas Armadas. El operativo, que buscaba retomar el orden, derivó en una operación militar con un desenlace trágico: más de un centenar de reclusos murieron. En El Frontón, muchos de ellos fueron ejecutados pese a haberse rendido. Los registros fueron destruidos, los cuerpos desaparecieron y hasta hoy el Estado no ha asumido plenamente su responsabilidad institucional.
Motines en cadena: el inicio de una tragedia estatal
En la madrugada del 18 de junio, se desencadenaron disturbios en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. Los internos, en su mayoría miembros o simpatizantes de grupos subversivos, exigían mejores condiciones de vida y protestaban contra el régimen de aislamiento al que eran sometidos. Desde el Ejecutivo, se declaró el estado de emergencia y se encomendó a la Marina, al Ejército y a la Policía el control absoluto de los establecimientos penitenciarios.
Mientras los medios informaban sobre la presencia de figuras internacionales en Lima, como Felipe González y François Mitterrand, el presidente Alan García firmó el Decreto Supremo que autorizaba el uso de la fuerza para recuperar los penales. La prioridad era que los disturbios no opacaran la agenda diplomática del país. En El Frontón, donde se concentraba uno de los focos más tensos, la Marina tomó el mando.
El asalto al pabellón Azul: rendición, disparos y dinamita
El 19 de junio, en horas de la tarde, los internos del pabellón Azul de El Frontón levantaron banderas blancas y salieron con las manos en alto. El almirante Arturo Artaza, quien encabezaba las negociaciones, fue abatido por un francotirador antes de concretar la rendición. Su muerte cambió el rumbo del operativo. A través de una transmisión por radio se escuchó el mensaje: “El león ha despertado”. Ese fue el punto de quietud.
Tras la orden, la Marina ejecutó un ataque frontal. No hubo fiscales ni representantes del Poder Judicial en la zona. Los marinos irrumpieron en el pabellón y, según testigos protegidos en posteriores investigaciones, dispararon a quemarropa contra los reclusos ya rendidos. Luego, colocaron explosivos en la estructura del pabellón y lo volaron. Algunos internos que habían sobrevivido a los disparos murieron sepultados entre los escombros.
La desaparición de pruebas y el ocultamiento institucional
Finalizada la operación, los cuerpos fueron recogidos sin ningún registro médico ni identificación oficial. Los restos de al menos 30 personas nunca fueron devueltos a sus familias ni aparecen en ningún cementerio registrado. El Estado presentó el hecho como un enfrentamiento y justificó las muertes como resultado del uso legítimo de la fuerza. No se permitió a los peritos ni a organismos de derechos humanos realizar investigaciones independientes.
La verdad fue revelándose lentamente. En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que el Estado peruano era responsable de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y destrucción de evidencia en El Frontón. La sentencia obligaba al país a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, además de reparar a los familiares de las víctimas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay una sola condena efectiva contra los mandos políticos o militares que participaron.
Juicio trabado: más de siete años perdidos y un proceso reiniciado
El juicio oral contra los responsables del caso El Frontón se inició en septiembre de 2017, bajo la conducción de la Cuarta Sala Penal Liquidadora. Durante años, los familiares acudieron cada semana a las audiencias, enfrentando retrasos, recusaciones y maniobras dilatorias. En febrero de 2021, uno de los magistrados del tribunal, Edhin Campos Barrenzuela, fue retirado por decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Su reemplazo, Marco Antonio Angulo Morales, dejó el puesto.
Sin embargo, en noviembre de 2024, el juez Angulo fue suspendido preventivamente por seis meses. Ante la imposibilidad de mantener la composición original del colegiado, el proceso se quebró el 2 de diciembre de ese mismo año. Esto significa, en términos legales, que todo el juicio debe empezar desde cero.
El Ministerio Público, a través de un comunicado oficial, lamentó la interrupción del proceso y exhortó al Poder Judicial a actuar con celeridad para reconformar un nuevo tribunal. “Es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”, indicó el organismo. También reafirmó su compromiso de mantener vigilancia permanente sobre el caso y de asegurar que los principios de verdad, justicia y reparación prevalezcan.
Una deuda abierta y una verdad que resiste al polvo del tiempo
A lo largo de estas casi cuatro décadas, múltiples instancias del Estado han intervenido sin que se concrete una sola condena. El expresidente Alan García, principal firmante del decreto que dio paso a la operación militar, falleció en 2019 antes de responder ante la justicia. Otros involucrados, como altos mandos de la Marina y exministros, siguen sin ser juzgados.
Las familias de las víctimas, agrupadas en colectivos y acompañadas por organismos de derechos humanos, continúan exigiendo justicia. Para ellas, cada quietud judicial no es solo una dilatación legal, sino una nueva forma de violencia. Muchas madres y hermanos han muerto sin conocer el destino de sus seres queridos.
