La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido una declaración en la que expresa su preocupación por los efectos de la nueva ley promulgada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que modifica la legislación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La normativa, que refuerza el control del Gobierno sobre las organizaciones que reciben cooperación internacional, ha sido vista como una medida que podría limitar de manera significativa el espacio cívico en el país y restringir el trabajo de las ONG en la defensa de los derechos humanos.
La normativa establece sanciones severas, incluidas multas considerables, y la posibilidad de que se suspenda temporalmente o se cancele el registro de las organizaciones que infrinjan las disposiciones, especialmente si estas utilizan fondos internacionales en litigios contra el Estado peruano. En particular, se considera una infracción grave el uso de los recursos para llevar a cabo procesos legales vinculados con violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado peruano, lo que podría poner en peligro la capacidad de las organizaciones de presentar estos casos ante la justicia.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó al Gobierno de Perú a respetar sus obligaciones internacionales y a garantizar un entorno en el que las organizaciones de la sociedad civil puedan desempeñar su labor esencial en la defensa de los derechos humanos sin temor a represalias o limitaciones excesivas. Según Turk, la nueva ley podría “afectar gravemente el trabajo de las organizaciones que defienden los derechos humanos en el país, especialmente aquellas que se encargan de brindar asistencia jurídica a las víctimas de abusos cometidos por el propio Estado”.
Además, la portavoz de la ONU en Ginebra, Liz Throssell, destacó que la ley podría restringir significativamente el acceso a la justicia para las personas más vulnerables, como las que sufren violaciones de derechos humanos, y afectar la capacidad de las ONG de proteger sus derechos constitucionales, como la libertad de asociación, expresión y participación.
Ley controversial
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, defendió públicamente la nueva ley, argumentando que su objetivo es garantizar la transparencia en el uso de los fondos provenientes de la cooperación internacional. En su discurso durante la promulgación de la ley, Boluarte explicó que no se trataba de un acto de control sobre las organizaciones, sino de una medida destinada a garantizar que los recursos se utilicen de manera honesta y eficiente.
No obstante, la normativa ha generado un rechazo generalizado entre diversas organizaciones de la sociedad civil, las cuales consideran que se trata de un intento de control político de las ONG y una medida que debilita la democracia en el país. Las críticas a la ley se centran principalmente en dos aspectos: el endurecimiento de los requisitos administrativos para la coordinación de proyectos financiados por cooperación internacional y las severas sanciones impuestas a las organizaciones que utilicen esos fondos para presentar demandas legales contra el Estado peruano.
La nueva ley establece que las ONG deberán obtener la aprobación de la APCI antes de ejecutar cualquier plan o programa, lo que aumenta la supervisión estatal sobre sus actividades y limita su autonomía. Una de las críticas más intensas se refiere a las multas impuestas por la ley. Las sanciones incluyen multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a aproximadamente 2 millones de soles (540.000 dólares). Según los detractores, estas sanciones son excesivas y resultan inviables para muchas organizaciones que dependen de la cooperación internacional para financiar su trabajo.
Además, las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la ley constituye una forma de “criminalización” de la labor de defensa de los derechos humanos en Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que la normativa no tiene como objetivo la transparencia, sino el control y la represión de las voces críticas contra el Gobierno. Según la CNDDHH, esta ley es un mecanismo para “silenciar a toda voz crítica” que se opone a las políticas del Ejecutivo y que lucha por la justicia y el respeto de los derechos fundamentales.
Promsex, una organización dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, calificó la ley de “inconstitucional” y “antidemocrática”, argumentando que restringe injustificadamente el trabajo de las ONG en la protección de los derechos humanos. En un comunicado oficial, la organización destacó que las reformas a la APCI son un retroceso para la democracia en el país y alertó que el control de las actividades de las ONG pondría en peligro el acceso a la justicia para las personas más vulnerables.
