Lima Metropolitana y Callao quedaron paralizadas el pasado jueves 10 de abril debido al paro acatado por transportistas urbanos en respuesta a la creciente ola de violencia que afecta al sector, incluyendo extorsiones, cobro de cupos y asesinatos de conductores.
La medida de fuerza provocó que más de 40.000 vehículos, entre formales e informales, frenen sus operaciones cotidianas, afectando significativamente la movilidad en la capital. La ausencia de buses, custers, combis, taxis, colectivos, entre otros servicios, dejó a miles de ciudadanos varados y generó dificultades para acceder a servicios esenciales como educación y salud.
En medio de las manifestaciones, representantes de los transportistas sostuvieron una reunión con parlamentarios en el Congreso de la República. Durante el encuentro, se acordó establecer una mesa de trabajo entre representantes del gremio y las autoridades pertinentes para evaluar la situación, declarar en emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP), entre otras acciones.
Sin embargo, algunos transportistas expresaron su descontento con los acuerdos alcanzados, considerando que las medidas propuestas no abordan adecuadamente la gravedad de la situación. Por tal motivo, advirtieron sobre la posibilidad de convocar una nueva protesta, pero esta vez a nivel nacional.
Nuevo paro de transportistas será el 14 de mayo
El viernes 11 de abril, dirigentes del gremio de transportistas llevaron a cabo una asamblea para evaluar la convocatoria de una manifestación en todo el Perú. Trascendió que también participaron otros sectores, como profesores, bodegueros, y miembros de diferentes comercios.
Al finalizar la reunión, se dio a conocer que se decidió convocar a un paro nacional para el próximo miércoles 14 de mayo. Esta medida busca presionar al gobierno para que implemente acciones efectivas que frenen los asesinatos y los ataques violentos que se han intensificado en los últimos meses.
El presidente de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), Walter Carrera, confirmó que esta protesta involucrará a transportistas de todas las regiones del país, incluyendo mototaxistas, comerciantes, barberos y diversas organizaciones sociales, como la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023.
Los gremios buscan visibilizar la creciente inseguridad que enfrentan diariamente, además de exigir un plan de acción integral que combata la criminalidad en las ciudades y en las carreteras.
Según los datos del Sistema de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol), las extorsiones han aumentado de manera alarmante, con más de 2.600 denuncias solo en los primeros tres meses de 2025, lo que refleja un crecimiento sostenido de la violencia. Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho son los distritos con mayor número de casos registrados.
Vigilancia con drones y policías en buses
Desde el Cuarto de Guerra, la presidenta Dina Ercilia Boluarte informó que la lucha contra la delincuencia se reforzará con drones de gran alcance y policías a bordo de unidades de transporte público.
“El mensaje es claro, en este gobierno el crimen no tiene lugar, y esa es nuestra lucha día a día, que lo escuchen bien los delincuentes o quienes estuviesen detrás operando estas acciones de terror urbano y que todavía creen que pueden lucrar con el miedo de nuestro pueblo”, manifestó.
La jefa de Estado precisó que estos criminales serán capturados y enviados a cárceles de alta seguridad, el tiempo que sea necesario y sin un día de gracia.
“No hay espacio para la debilidad frente al crimen o quienes estuviesen operando detrás; a ellos le decimos: basta de jugar con el miedo de la población, nuestra respuesta será implacable, no tendrán paz ni perdón quienes operen y ejecuten”, aseguró.
