PNP despliega a agentes de civil en buses en Lima tras protestas por ola de violencia

La creciente ola de criminalidad en Lima ha llevado al Ministerio del Interior de Perú a implementar nuevas medidas de seguridad en el transporte público, tras las protestas de los transportistas que exigen acciones más contundentes para frenar el crimen organizado y las extorsiones. En respuesta a esta demanda, el gobierno ha decidido desplegar a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de manera aleatoria en los autobuses que recorren las principales vías de la capital, así lo informó la agencia de noticias EFE.

El ministro del Interior, Julio Díaz, anunció este viernes el despliegue de policías de civil en las unidades de transporte público. Estos agentes, tanto de tránsito como de inteligencia, se incorporarán a las rutas troncales más importantes de Lima, como las que cruzan por zonas clave como Canta-Callao y San Juan de Lurigancho. El patrullaje se realiza de manera aleatoria, lo que permitirá tener una presencia constante y sorpresiva para disuadir a los delincuentes.

El ministro Díaz también detalló que desde el día anterior al anuncio, los agentes de la PNP ya estaban llevando a cabo este tipo de patrullaje en las unidades de transporte. “Están subiendo en forma aleatoria un policía de tránsito y uno de inteligencia a todas las líneas que cruzan por vías troncales”, afirmó Díaz durante su participación en la mesa de trabajo titulada ‘Seguridad Ciudadana en el sector Transporte’, realizada en el Congreso.

Además de este despliegue de policías, el gobierno ha coordinado con el Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas apoyen en el patrullaje de las principales vías de la ciudad. El Ejército Peruano se unirá a la Policía Nacional para vigilar tanto los corredores de transporte como las paradas de autobuses y sus puntos de salida, en un esfuerzo conjunto para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Díaz destacó que este trabajo en conjunto entre la Policía y el Ejército es fundamental para afrontar los desafíos de la inseguridad. “La Policía y nuestro Ejército somos lo mismo. El Perú es de todos”, manifestó el ministro en la mesa de trabajo, en la que participaron autoridades y representantes del gremio de transportistas.

Como parte de las estrategias para reforzar la seguridad ciudadana, el ministro del Interior anunció que en las próximas semanas se activará el ‘Plan Celador’. Este plan operativo contempla el despliegue de más de 5.000 policías en las principales calles de Lima, que estarán a cargo de tareas preventivas y de patrullaje en diferentes puntos de la capital.

“Vamos a tener más de 5.000 policías en cuanto se active el Plan Celador. Esto no creo que pase de 30 días”, señaló Díaz, anticipando que en un futuro cercano se verá una mayor presencia de agentes tanto uniformados como de civil en las vías troncales de Lima. La medida busca generar una respuesta rápida a la creciente inseguridad y devolver la confianza a los ciudadanos que sienten que la violencia y las extorsiones están fuera de control.

Aunque el despliegue de fuerzas de seguridad es una respuesta inmediata a la inseguridad en Lima, el ministro Díaz también reconoció que uno de los principales obstáculos para el funcionamiento efectivo de las unidades de inteligencia operativa es la falta de recursos económicos. “Si no tienes dinero, no puede haber inteligencia operativa”, admitió el ministro, al explicar que las operaciones de infiltración y la contratación de informantes son costosas y dependen de un presupuesto adecuado.

El gobierno enfrenta dificultades para financiar estas operaciones, que son esenciales para desmantelar las redes de extorsionadores y sicarios que operan en las zonas más afectadas por la violencia. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha asegurado que la activación del Plan Celador y el despliegue de más de 5.000 policías permitirán compensar, en parte, estas carencias.

La medida del gobierno se produce después de que los transportistas de Lima y Callao llevaran a cabo una protesta el jueves, exigiendo una respuesta más efectiva a la ola de criminalidad que afecta al sector. Los conductores han denunciado que, en lo que va del año, 15 de ellos han sido asesinados a manos de sicarios y extorsionadores que exigen el pago de fuertes sumas de dinero para poder seguir operando.

Los gremios de transporte público han manifestado que las extorsiones son una amenaza constante para los trabajadores del sector, quienes se ven obligados a ceder a las demandas de las mafias para garantizar su seguridad. Las autoridades han reconocido que el crimen organizado ha tomado fuerza en Lima, especialmente en el sector del transporte, donde los trabajadores viven con el temor de ser atacados si se niegan a pagar las extorsiones.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, los transportistas y la ciudadanía en general siguen exigiendo más acciones para frenar la violencia. Los representantes de los gremios han pedido que se tomen medidas más drásticas para garantizar la seguridad de los conductores y los pasajeros, y han señalado que, si bien la presencia policial es importante, aún falta un enfoque integral para erradicar las mafias y las bandas criminales que operan en las calles de Lima.

El aumento de las protestas y las demandas de justicia refleja el creciente malestar de los ciudadanos que sienten que la violencia está fuera de control. La situación en el sector transporte sigue siendo crítica, y las autoridades tendrán que enfrentarse a desafíos significativos si desean recuperar la seguridad en las calles de Lima.