“El lunes 14 de abril, a las 10:30 a.m. hora de Roma, se firmará oficialmente la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana y del Movimiento de Vida Cristiana”. Con estas palabras, el ex sodálite Alejandro Bermúdez anunció el día que marcará el inminente fin de la organización fundada por Luis Fernando Figari, responsable de los abusos físicos, sexuales y psicológicos cometidos contra sus integrantes.
Pedro Salinas y José Enrique Escardó, periodistas y denunciantes de los abusos perpetrados por esta organización, replicaron la declaración de Bermúdez. A través de sus redes sociales, ambos señalaron que fueron los propios miembros del Sodalicio quienes filtraron la fecha que sellará su final.
“Gracias a sor Simona Brambilla, quien, de acuerdo a fuentes sodálites, ya le habría puesto fecha a la supresión del Sodalicicio. Será este lunes, iniciando la semana santa”, escribió Salinas en su cuenta de X.
Según el medio, Religión Digital, esta revelación provocó un fuerte malestar en diversos organismos de la Curia romana, especialmente en el Dicasterio para la Vida Consagrada, que supervisa al Sodalicio y está a cargo de la prefecta Simona Brambilla, y en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, del cual depende el comisario pontificio para la disolución de la asociación apostólica peruana, Jordi Bertomeu.
Aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales, la disolución del Sodalicio y sus organizaciones, la decisión del papa Francisco se conoció en enero. La razón detrás de su supresión es que el SVC reconoció públicamente que Luis Fernando Figari y demás miembros de la cúpula “abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores” entre 1975 y 2002.
El Sodalicio se resiste
El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una organización católica peruana envuelta en uno de los mayores escándalos de abusos dentro de la Iglesia en el país, ha sido señalado por presuntas maniobras para ocultar su patrimonio. Según informó el diario español El País, el grupo aún no ha firmado la recepción del decreto de disolución emitido por el papa Francisco el pasado 14 de enero, lo que mantiene a la entidad activa desde el punto de vista legal.
De acuerdo con el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas que no han recibido indemnización, el SVC estaría intentando vaciar sus bienes y fondos antes de que la organización pase a ser administrada por el Vaticano. En una carta enviada a la Santa Sede el 24 de marzo, Ugaz advirtió que esta estrategia busca evitar que los recursos de la entidad sean utilizados para reparar a las víctimas de los abusos cometidos por sus directivos.
El decreto papal que ordena la disolución del SVC también afecta a otras ramas de la llamada “familia sodálite”. Sin embargo, mientras que organizaciones como las Siervas del Plan de Dios y la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR) ya han aceptado la supresión, tanto el SVC como el Movimiento de Vida Cristiana (MVC) continúan resistiéndose a cumplir con la orden del Vaticano.
Ugaz expresó su preocupación por la falta de reparación a las víctimas. “Aún son muchas las víctimas de este grupo que no han sido reparadas por los abusos sufridos por los directivos de esta organización”, señaló. Además, instó al Vaticano a tomar medidas inmediatas para evitar la fuga de dinero y garantizar que los recursos de la entidad sean destinados a indemnizar a los afectados.
Por su parte, responsables del Sodalicio en Perú contactados por El País rechazaron las acusaciones y negaron que estén retrasando la aceptación del decreto. “La definición de la fecha de intimación del decreto de supresión del Sodalicio es responsabilidad del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, no depende del superior general del Sodalicio”, indicaron.
