Ataque armado en Miraflores deja a suboficial de la PNP herido en grave estado

En un lamentable incidente ocurrido recientemente a solo una cuadra de la concurrida zona de La Mar en Miraflores, una camioneta fue acribillada por motociclistas, así lo señalaron testigos por medio de la red social X. Este suceso es solo uno más en una serie de ataques violentos que azotan a Lima, una ciudad cada vez más marcada por el crimen organizado y la extorsión.

El ataque armado sembró el pánico en la cuadra 5 de la calle José Toribio Polo. Alrededor de las 9 de la noche, sujetos desconocidos abrieron fuego contra una camioneta estacionada, dejando gravemente herido al conductor, identificado como el suboficial brigadier PNP Ángel Gilmar Belleza Zapata, quien trabaja en la Dirección de Seguridad del Estado, encargada de la protección de altos funcionarios.

Según fuentes cercanas, el efectivo policial estaría realizando tareas de seguridad privada para un empresario del sector de exportación de frutas en el momento del atentado. La camioneta de lujo, una Porsche gris, está registrada a nombre de la empresa Estratégicas Company E.I.R.L. Asimismo, se supo que también estaba asignado a la escolta del fiscal Rafael Vela Barba.

Los primeros reportes de Criminalística señalan que el suboficial recibió tres disparos: dos en la cabeza y uno en el hombro. Testigos afirman que los atacantes, vestidos de negro y con el rostro cubierto, se acercaron rápidamente al vehículo y dispararon sin previo aviso. La Policía maneja la hipótesis de que el objetivo del ataque era el empresario dueño de la camioneta, y que el agente fue confundido con él.

En el lugar se encontraron al menos nueve casquillos de bala. Belleza fue trasladado de inmediato a la Clínica Delgado, donde fue sometido a una operación de urgencia. Actualmente, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. La División de Homicidios de la Policía Nacional se encarga de la investigación.

La capital peruana ha sido testigo de un incremento alarmante en la violencia en los últimos meses. Desde septiembre de 2024, más de 30 transportistas han sido asesinados, víctimas de un crimen organizado que ha permeado diversos sectores de la sociedad. En su mayoría, las víctimas son conductores de autobuses, colectivos, mototaxis y pequeños empresarios, quienes se encuentran en la línea de fuego de bandas criminales que extorsionan a quienes desempeñan trabajos humildes o de bajos ingresos.

Las extorsiones suelen ocurrir con una brutalidad inusitada. Los delincuentes no dudan en grabar el momento en que disparan a sus víctimas, lo que demuestra el nivel de impunidad y la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades. En los últimos días, los asesinatos de transportistas se han intensificado, con al menos cuatro muertes en la última semana. Este contexto ha generado una atmósfera de terror, donde los habitantes de zonas de clase media y baja viven con miedo constante, temiendo ser víctimas de la delincuencia.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional parecen estar desbordados por la magnitud de la situación. En lugar de concentrar sus esfuerzos en enfrentar el crimen organizado, las autoridades han desviado recursos para proteger a figuras políticas, como la presidenta Dina Boluarte, y a miembros de su entorno, mientras que las mafias siguen operando con total libertad. Esta incapacidad para abordar la violencia ha sido ampliamente criticada por la ciudadanía, que ve cómo los crímenes se multiplican mientras las soluciones propuestas por el gobierno parecen ineficaces.

A la par de los atentados y asesinatos, los ciudadanos se han visto obligados a tomar medidas desesperadas. Los transportistas, hartos de ser el blanco fácil de los sicarios y extorsionadores, organizaron paros nacionales exigiendo que el Congreso derogue leyes que favorecen a las mafias y dificultan la persecución de los delitos. Sin embargo, hasta el momento, las protestas han sido en vano, ya que el Congreso ha mostrado poca disposición para modificar las leyes que muchos consideran responsables de la impunidad del crimen organizado.

La inseguridad no solo afecta a los trabajadores del transporte, sino que ha comenzado a tener un impacto directo en otros sectores de la sociedad. La ola de violencia ha llegado a los colegios, donde padres de familia y maestros han denunciado amenazas de extorsionadores que afectan a las instituciones educativas. Según organizaciones como Save the Children Perú, cerca de 500 escuelas privadas en distritos de clase media-baja han tenido que cerrar entre 2024 y marzo de 2025 debido a las amenazas y extorsiones. La violencia también ha llegado a las plataformas digitales, donde muchos padres y alumnos ahora temen por su seguridad, al punto que algunas clases se han trasladado a internet debido al riesgo de asistir a clases presenciales.

Este clima de terror está afectando gravemente el derecho a la educación de los niños y jóvenes peruanos. La inseguridad ha hecho que muchas familias se enfrenten a la difícil decisión de elegir entre enviar a sus hijos a la escuela o asegurar su seguridad, lo que está teniendo repercusiones profundas en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.

La indignación de la ciudadanía se ha manifestado en diversas protestas y paros, en los que no solo los transportistas, sino también los sectores afectados por la inseguridad en general, han exigido respuestas contundentes por parte del gobierno. La reciente muerte del conductor Luis Chinchay en el Callao a manos de sicarios encendió las protestas, con miles de ciudadanos bloqueando calles y pidiendo que el Estado respete las vidas de los trabajadores. A pesar de ello, la represión policial no tardó en llegar, y los manifestantes fueron dispersados por las autoridades, que han mostrado una actitud indiferente ante el sufrimiento de la población.

Uno de los puntos clave de las demandas ciudadanas es la derogatoria de la ley de crimen organizado, que ha sido acusada de debilitar la persecución de las mafias. Esta ley, según expertos en criminología, dificulta las investigaciones al requerir pruebas más contundentes para procesar a los delincuentes, lo que ha permitido que muchos criminales queden en libertad.