La periodista Rosana Cueva, directora periodística de Canal N y América Televisión, calificó de “absurda” la denuncia presentada en su contra por el empresario investigado por corrupción, Zamir Villaverde, por la cual el Ministerio Público abrió una investigación en su contra en enero pasado.
Cueva, junto con los periodistas Eduardo Quispe y Beto Ortiz, es implicada en una presunta organización criminal que lideraría el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, y en la que también se encuentran incursos fiscales, policías y exfuncionarios.
La denuncia se basa, en buena parte, en las declaraciones de la expareja de Otárola, Yaziré Pinedo, quien debía rendir testimonio ante la Fiscalía este miércoles, aunque no compareció. En su lugar, acudió al programa televisivo de la periodista Milagros Leiva, donde ratificó que fue amenazada y víctima de abuso sexual por parte del expremier.
En conversación con Infobae Perú, Cueva advirtió sobre la posibilidad de que se tomen “medidas extremas” contra ella y sus colegas involucrados tras la declaración fiscal de Pinedo. “No tengo claro aún por qué no acudió. (...) De acuerdo con lo que me han explicado, medidas extremas, incluido allanamiento, podrían darse después de la declaración de Yaziré. ¿Te imaginas mi teléfono en manos de la policía, con datos de mis fuentes?”, dijo.
La periodista, quien dirigió por más de una década el dominical Panorama, cuestionó que el Ministerio Público haya dado viabilidad con “rapidez inusitada” a la denuncia de Villaverde. “Nadie discute que la cercanía que existió entre Yaziré, Otárola, (Martín) Vizcara y (César) Figueredo, nadie dice que dejen de investigarlo. Lo que de mi parte se cuestiona es que esa acusación sea aceptada en los términos que se haya hecho, utilizando figuras legales que no corresponden”, comentó.
Refirió, además, haber sido víctima de acoso por parte de Villaverde, quien fue colaborador eficaz y reconoció haber entregado miles de dólares al recluido expresidente Pedro Castillo a través del exministro Juan Silva.
“Me mandaba cartas notariales a mi casa, como diciendo ‘sé dónde vives, qué departamento es’, de manera seguida. Encontraba sus cartas acompañadas de mi ficha de Migraciones, mis reportes financieros, antecedentes penales y judiciales, a pesar de que está prohibido. Es un acoso espantoso, enorme. Lo mismo hizo con los miembros del directorio del canal. Eso te pinta de cuerpo entero el perfil de ese señor”, señaló.
“No me queda ninguna duda de que tiene un vínculo con otras autoridades del Estado. Está ahí, latente. Eso podría explicar por qué una fiscalía haya aceptado un documento con todos estos problemas, ausencias, faltas de sustentación. Hay varias irregularidades o partes del proceso que no están claras. Creo que ha habido una prisa para que ese expediente camine rápido”, matizó.
Inicialmente, la investigación fue por cargos de organización criminal y tráfico ilegal de datos personales, aunque solo este último extremo fue archivado, a pesar de que el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS) solicitaron que la Fiscalía se abstuviera de continuar con el caso.
Los gremios periodísticos subrayaron que la acusación se basa únicamente en la declaración de una sola persona, “lo que genera serias dudas sobre la solidez de la misma”. Además, consideraron que se trata de “una evidente estrategia de represalia y amedrentamiento, que debería motivar por lo menos sospechas en la Fiscalía”.
“Utilizar el sistema de justicia para hacer ajustes de cuentas con periodistas no es una especulación. Creo que hay suficientes elementos para sospechar que detrás de eso hay algo más. Sabemos que varios medios han tenido que retirar información de sus redes con respecto a Zamir. En este tipo de cosas, tenemos que estar alertas todos. La historia nos ha demostrado que cuando van por uno, terminan yendo por todos”, concluyó Cueva.
Entre las investigaciones que dirigió, destaca la difusión del video del asalto a una pizzería, en el que Villaverde aparece portando una pistola. También resalta la primera aparición pública de la empresaria Karelim López, cuyas declaraciones expusieron una presunta red de corrupción vinculada a Castillo y a los congresistas conocidos como ‘Los Niños’, quienes coordinaban actividades ilícitas con el Ejecutivo.
Respuesta de Otárola
Consultado sobre esta investigación por Infobae Perú, el expremier dijo tener “pruebas y testigos de que la presidenta” Dina Boluarte “está disponiendo que se me perjudique en investigaciones fiscales y policiales”, por lo que le pidió sustituir “el verbo odiar por el de gobernar”. Sugirió, además, que Pinedo recibe alojamiento y respaldo económico de Villaverde, aunque ella lo ha negado.
