En medio de una nueva convocatoria de paro hecha por los transportistas ante el asesinato de chóferes de buses de transporte público a manos de extorsionadores y sicarios, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, emitió un mensaje a la Nación donde se dirigió al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte para hacer solicitudes puntuales.
Tello Gilardi inició su pronunciamiento expresando su preocupación por la situación que atraviesa el país, ya que en la víspera del paro de transportistas volvió a ocurrir un nuevo atentado, el chófer de una combi fue baleado en el Callao.
“Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad y preocupación ante el alarmante desborde de la criminalidad y la creciente inseguridad ciudadana que afecta a nuestro querido país. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también socava los cimientos de nuestra convivencia pacífica y democrática”, señaló.
En ese escenario complicado, pidió a todos los poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, unirse y dejar de lado sus diferencias para trabajar de manera conjunta y articular una respuesta efectiva ante la crisis de inseguridad ciudadana, que es la invocación de todos los peruanos.
En el caso del Congreso, la titular del Poder Judicial, saludó la iniciativa de realizar un pleno especializado en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, hizo la invocación, nuevamente, para que revisen las normas aprobadas en los últimos meses. Como se recuerda, expertos en seguridad alertaron que algunas propuestas legislativas debilitaban la lucha contra el crimen organizado.
“En este contexto, saludo que el Congreso de la República desarrolle hoy un pleno especializado en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, no puedo dejar de reiterar que existen normas aprobadas, en los últimos meses, que merecen una urgente revisión, tal como lo ha señalado la Corte Suprema en un informe que le hemos remitido. También debo recordarles la imperativa e impostergable necesidad de aprobar el proyecto de ley que crea el sistema nacional especializado en unidades de flagrancia”, indicó.
Como última invocación a los congresistas les pidió priorizar sus requerimientos y enfatizó en que las leyes se deben hacer con responsabilidad en pro del bienestar de la ciudadanía. “Solicito al Congreso priorizar esta tarea, entendiendo que la seguridad y el bienestar de la ciudadanía dependen de decisiones legislativas oportunas y responsables”.
Pide presupuesto a Dina Boluarte
Asimismo, también se dirigió al Ejecutivo y a la presidenta Dina Boluarte, a quien le solicitó mayor presupuesto para que el Poder Judicial y las unidades de flagrancia puedan funcionar en su totalidad.
“De otro lado, solicito al poder Ejecutivo concretar la asignación de los recursos que se necesiten para su total implementación y funcionamiento a fin de llevar a cabo un trabajo efectivo entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, invocó.
También se dirigió a los jueces y les pidió aplicar las leyes con firmeza para restablecer la confianza en el sistema de justicia y enviar un mensaje claro a los delincuentes: “La impunidad no tiene cabida”.
En medio de la creciente inseguridad en Perú, la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial ha caído drásticamente, un reflejo de la crisis de credibilidad que afecta a las principales instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
Según datos de un informe reciente, el 87% de los peruanos no confía en los jueces, y un porcentaje similar (86%) muestra desconfianza hacia los fiscales del Ministerio Público. Esta desconfianza se extiende también a la Policía Nacional del Perú (PNP), con un 66% de los ciudadanos manifestando falta de confianza en los efectivos policiales.
El aumento constante de la victimización, que alcanzó un 27.4% en 2024, ha agudizado la percepción de vulnerabilidad entre la población, debilitando aún más la relación de los ciudadanos con las instituciones encargadas de combatir el crimen.
