La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para establecer la pena de cadena perpetua para los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) que colaboren con organizaciones criminales.
El dictamen presentado por el presidente de este grupo de trabajo, el perulibrista Isaac Mita, fue aprobado por unanimidad y sin debate en comisión.
Apoyaron esta iniciativa los parlamentarios Isaac Mita, Juan Burgos, José Arriola, Waldemar Cerrón, Rosselli Amuruz, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, David Jiménez, María Jauregui, Jorge Morante, Martha Moyano, Margot Palacios, Alex Paredes, Tania Ramírez, Alejandro Muñante, Susel Paredes, German Tacuri, Héctor Ventura, Héctor Valer, Francis Paredes y María Acuña.
Agravan sanción a policías y militares
El dictamen propone incorporar un segundo párrafo al artículo 65 del Código Penal Militar Policial para sancionar con cadena perpetua al policía o militar que “instruye o dota de material bélico a organizaciones criminales, bandas criminales o grupos armados ilegales que realizan actos violentos que causen la muerte o lesiones graves”.
Actualmente, este delito prevé una sanción de entre 25 y 35 años de pena privativa de la libertad. Según el dictamen aprobado, esta pena “no está cumpliendo con su objetivo de disuadir o eliminar estos hechos”.
La modificación al Código Penal Militar Policial deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso para que entre en vigencia.
Los motivos para castigar con cadena perpetua a policías y militares
Como parte del estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público opinó que el proyecto de ley, de aprobarse, significaría “un avance crucial en la lucha contra las organizaciones ilegales con las que colaboren policías o militares”.
“Esta propuesta ofrece una respuesta jurídica específica y robusta frente a amenazas que tienen un impacto profundo en la seguridad y la estabilidad nacional e internacional. La propuesta se ajusta a los principios constitucionales, proporciona un marco adecuado para la persecución y sanción de estos delitos graves. Asimismo, este proyecto de Ley es acorde con el fin preventivo”, opinó el Ministerio Público.
También se solicitó la opinión jurídica del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, no remitieron sus informes.
En opinión de la Comisión de Justicia, el proyecto “no colisiona con ninguna norma vigente, por el contrario, beneficiará a la sociedad en su conjunto toda vez que se sancionara con mayor rigurosidad a los policías y militares que le dan mal uso a los instrumentos bélicos que le fueron confiados por su función”.
“Con la presente iniciativa legislativa se actualiza y funcione de manera más idónea y efectiva, generando una nueva disposición legal respecto a proteger a la sociedad”, agregan.
Según el dictamen, en los últimos 06 años más de 23.000 policías y militares protagonizaron “distintas faltas, faltas muy graves, actos ilegales y hasta delitos agravados”. De este total, 1.000 efectivos fueron pasados a retiro en el año 2023 por actos de corrupción y vínculos con organizaciones ilegales.
