La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público apartó al fiscal José Domingo Pérez de sus funciones por un periodo de seis meses. La medida, oficializada mediante una resolución emitida el lunes 7 de abril y que deja fuera del Equipo Especial Lava Jato por lo que dure la suspensión, fue calificada como “injusta y abusiva” por el abogado.
En una entrevista, Pérez señaló que su sanción responde a un pacto ilícito entre Juan Fernández Jerí, presidente de la entidad de control, y el abogado de Fuerza Popular. Cuestionó también la inacción de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no solicitar “medidas cautelares respectivas para frenar el accionar del jefe de dicha autoridad de control”.
“Nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas”, afirmó y comparó la situación actual con los años 90, cuando fiscales enfrentaron abusos bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, exfiscal de la Nación durante el régimen de Alberto Fujimori.
Asimismo, adelantó que interpondrá los recursos legales necesarios para revertir esta medida. Cabe mencionar que, mientras se resuelva lo que imponga, Pérez no podrá ejercer las atribuciones propias de su cargo como fiscal provincial, tal como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
¿Por qué José Domingo Pérez fue suspendido?
De acuerdo con la resolución de 25 páginas, firmada por el presidente de la ANC, José Fernández Jerí, la medida responde a la existencia de “fundados y razonables elementos de convicción” que vinculan a José Domingo Pérez con una presunta irregularidad en el ejercicio de sus funciones. En concreto, se le acusa de haber intervenido en un proceso penal contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a pesar de estar legalmente impedido de hacerlo. Según el documento, esta actuación comprometería la dignidad del cargo y afectaría la percepción pública del fiscal.
La ANC justificó la suspensión preventiva en el marco del artículo 72° del Reglamento del Procedimiento Disciplinario del Ministerio Público. Este artículo establece que el apartamiento temporal de un fiscal solo puede aplicarse en situaciones excepcionales de suma gravedad. La resolución enfatiza que este tipo de medidas busca proteger la integridad del cargo y evitar que las acciones de un funcionario desmerezcan la confianza pública en la institución.
Cabe mencionar que, sobre este caso, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló la existencia de un audio en el que un emisario vinculado a Keiko Fujimori conversa con Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, solicitando explícitamente la suspensión de José Domingo Pérez.
Según detalló el medio, el fiscal solicitó que se investigue la grabación, a través de un informe entregado a Rafael Vela para que sea elevado a la titular del Ministerio Público "y se informe sobre las acciones adoptadas con relación al audio en que una persona ligada a la acusada Keiko Fujimori solicita al jefe de la Autoridad Nacional de Control Fernández Jeri para sacarme del cargo de fiscal del Lava Jato, a las siguientes entidades: (1) a la Comisión Interamericana de Derechos y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de la Procuraduría Pública encargada de ejercer la defensa jurídica del Estado en instancias Supranacionales, y (2) a la Misión de Alto Nivel del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, a través de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM". Sin embargo, no hubo noticias al respecto.
