El 7 de abril de 2025, el Consorcio de Universidades expresó su firme preocupación por la reciente aprobación del dictamen que establece el denominado “ciclo cero” como la única modalidad de ingreso a todas las universidades en Perú. Según el comunicado emitido por instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad del Pacífico (UP), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad de Lima (UL), esta medida representa una “grave afectación a la autonomía universitaria”, derecho protegido tanto por la Constitución Política del Perú como por la Ley Universitaria.
“Esta medida constituye una grave afectación a la autonomía universitaria (académica, normativa, administrativa, económica y de gobierno), consagrada en el artículo N.º 18 de la Constitución Política del Perú y en la Ley Universitaria, que otorgan a cada universidad la facultad de definir sus modalidades de admisión, criterios de selección y planes de estudio, respondiendo a sus realidades y buscando la excelencia académica”, se lee en el comunicado.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Educación del Congreso de la República el 6 de abril de 2025, a pesar de fuertes críticas de sectores académicos y especialistas. El dictamen, impulsado por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo de Perú Libre, propone que todas las universidades públicas y privadas del país implementen un semestre académico preparatorio obligatorio, denominado “ciclo cero”, que se ofrecería a través de sus centros preuniversitarios. Los postulantes deberán aprobar tres exámenes presenciales con una calificación mínima de 13, además de presentar un certificado de estudios y un pago único equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (S/ 267,50 en 2025).
Rectores expresaron su “disposición al diálogo” con los poderes del Estado
El Consorcio de Universidades, que agrupa a instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad del Pacífico (UP), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad de Lima (UL), sostuvo que esta reforma afecta la libertad de las universidades para definir sus propios métodos de admisión y los perfiles académicos de sus programas. En su comunicado, destacaron que las universidades del Consorcio tienen un compromiso con la calidad académica, lo cual se refleja en las diversas modalidades de ingreso adaptadas a sus enfoques y exigencias formativas.
El comunicado fue firmado por los rectores de cuatro destacadas universidades peruanas: Julio del Valle Ballón, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Martha Chávez Passano, rectora de la Universidad del Pacífico (UP); Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH); y Patricia Stuart Alvarado, rectora de la Universidad de Lima (UL). En el texto, los rectores firmantes subrayaron que la autonomía universitaria no es un privilegio, sino una garantía fundamental para ofrecer educación superior de calidad, plural y enfocada en el desarrollo del país. En este contexto, reiteraron su disposición al diálogo con el Congreso y otras instituciones del Estado, con el fin de aportar desde su experiencia académica y técnica para mejorar el sistema universitario.
Una medida controversial
La aprobación del “ciclo cero” también ha generado un intenso debate. Si bien los defensores del dictamen argumentan que la medida amplía las oportunidades educativas para jóvenes de menores recursos, la oposición señala que esta reforma podría poner en riesgo la calidad educativa y las autonomías de las universidades, afectando negativamente a su gestión académica y administrativa. Entre los críticos se incluyen figuras como el exministro de Educación, Idel Vexler, quien calificó la medida de “atentado contra la autonomía universitaria”.
Además, sectores como el Consejo Nacional de Educación (CNE) y la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) también han manifestado su rechazo al dictamen, calificándolo de ilegal e inapropiado. Según los opositores, la propuesta no responde a las verdaderas necesidades del sistema educativo peruano y podría generar más obstáculos para las universidades públicas, que tendrían que destinar recursos adicionales para implementar el ciclo y ajustarse a las nuevas exigencias.
La iniciativa, que ahora avanza hacia el pleno del Congreso, promete continuar generando un amplio debate en el país sobre cómo debe evolucionar el acceso a la educación superior en Perú. Las universidades y actores políticos se enfrentan en una disputa sobre la conveniencia de una reforma que redefine las bases del sistema de admisión universitario.
