En una jornada sin cámaras, lejos del bullicio habitual de Palacio y con tono más reservado que el mostrado en mensajes anteriores, la presidenta Dina Boluarte asistió virtualmente a una audiencia clave para su futuro político. Durante dos horas, desde el tercer piso del Palacio de Justicia, se discutió un tema: el acceso a su historia clínica como parte de la investigación que afronta por presunto abandono del cargo en junio de 2023.
La diligencia, realizada el viernes 4 de abril, no fue pública. Participaron solo los actores directamente implicados: la mandataria, el médico Mario Cabani, abogados, representantes del Ministerio Público y médicos de la Clínica Sanna. En ese escenario, la presidenta solicitó formalmente al juez supremo Juan Carlos Checkley que su historial clínico se mantenga reservado. “Solicito a su despacho que cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica”, según el informe de Cuarto Poder.
El pedido ocurre en el contexto de una acusación fiscal que sostiene que la mandataria se habría sometido a una intervención quirúrgica sin informar adecuadamente, lo cual la habría dejado inhabilitada de ejercer sus funciones durante algunos días. Sin embargo, según su versión, no hubo afectación en su capacidad para gobernar. “No me generó ningún tipo de incapacidad para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República, porque el acto médico no me lo impidió”, se sostiene en el dominical.
El cruce entre la versión oficial y la investigación fiscal
La controversia se centra en una operación realizada en junio de 2023 en la Clínica Sanna. La fiscalía sostiene que Boluarte, al no comunicar su ausencia ni dejar constancia de su estado de salud, habría incurrido en omisión de actos funcionales y abandono del cargo. El equipo de defensa rechaza esa tesis. Según los abogados de la presidenta, los artículos 114 y 115 de la Constitución no obligan expresamente a informar al Congreso ni a la PCM sobre intervenciones médicas.
“No contempla ninguna obligación de comunicar si se somete o no a una cirugía”, argumentaron sus representantes. Con ello, consideran que no hubo falta alguna. Además, cuestionaron la pertinencia de levantar el secreto profesional de los médicos, puesto que la intervención habría ocurrido días antes de los hechos investigados.
Durante su participación en la audiencia, Boluarte insistió en que la cirugía fue usada políticamente. Sostuvo que fue su exjefe de gabinete, Alberto Otárola, quien mencionó el procedimiento ante el Congreso, con el propósito de desviar la atención de las acusaciones que pesaban sobre él. “La noticia de la cirugía fue revelada como una cortina de humo por Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso”, declaró supuestamente el informe de Cuarto Poder.
Una declaración distinta a la anunciada
La participación de Boluarte llamó la atención no solo por su presencia, sino por el contraste con su discurso anterior. En diciembre del año pasado, durante un mensaje a la Nación, señaló: “Cuando se dignen en citarme una vez más, el Ministerio Público haga su trabajo, renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico”.
Ese compromiso, sin embargo, no se materializó en la audiencia del viernes. Por el contrario, pidió explícitamente que se mantenga la reserva médica. “En esta audiencia en particular, están haciendo uso y abuso de poder. Pretenden violentar asuntos propios y privados, de mi atención, de mi salud”, se mostró en el informe.
La postura del médico tratante
En la misma audiencia también se escuchó al médico Mario Cabani. Habló durante tres minutos. De acuerdo con las fuentes del programa dominical, expresó su disposición a revelar detalles de los procedimientos médicos si el Poder Judicial lo autoriza. “Está dispuesto a explicar al detalle sobre la sedación utilizada, el tiempo y los efectos que causó la anestesia en la paciente y las cuestionadas horas de recuperación de la presidenta”, se informó.
Hasta ahora, el secreto profesional ha impedido que Cabani y otros especialistas de la Clínica Sanna entreguen información completa. Sin embargo, la clínica ya habría remitido a la Fiscalía documentos médicos oficiales, donde se confirma que Boluarte se sometió a una rinoplastia. Según estos registros, la intervención duró dos horas con 25 minutos. También se detallan otros procedimientos de carácter estético, como blefaroplastia inferior, injertos grasos en el rostro y aplicación de toxina botulínica.
El Ministerio Público considera que esos procedimientos podrían haber generado una incapacidad temporal, lo cual reforzaría la tesis del abandono de funciones. Pero la presidenta sostiene lo contrario. “La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada, asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta”, insistió.
