El Gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto que todos los cabecillas de bandas criminales, extorsionadores y asesinos sean trasladados al penal de Challapalca, ubicado a 4850 metros sobre el nivel del mar, en la región Tacna. Esta decisión fue anunciada por la presidenta de la República durante una nueva sesión del denominado Cuarto de Guerra, una mesa de trabajo instalada en Palacio de Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.
La medida, según declaró la mandataria, busca frenar las operaciones que algunas organizaciones criminales continuaban coordinando desde el interior de los penales. “Challapalca los espera”, señaló Boluarte, aludiendo al aislamiento geográfico y las condiciones de alta vigilancia del recinto penitenciario.
En esa línea, precisó que las cárceles del país ya no serán utilizadas como centros de operaciones desde donde se planificaban extorsiones y secuestros. “Nosotros no se lo vamos a permitir”, enfatizó, tras referirse al caso del cantante de Armonía 10, Paul Flores, cuyo asesino fue recientemente capturado.
El penal de Challapalca ha sido señalado por las autoridades como uno de los establecimientos más seguros del sistema penitenciario nacional. Actualmente, alberga a ocho integrantes de la banda internacional ‘Tren de Aragua’, entre ellos, cabecillas como Héctor Alfonso Prieto Materano, Gustavo Enrique Serrano Salas y Jonathan Jesús Bonillo Pereira. Todos fueron recluidos allí como parte de una estrategia de aislamiento frente a los intentos de liderazgo criminal desde prisión.
La presidenta también recordó que hace poco eran cuatro los cabecillas de esta organización en Challapalca, pero que la cifra ha aumentado a ocho. “Ahora son ocho de esta banda que ya están pagando las consecuencias de sus actos”, puntualizó.
Reestructuración del INPE y operativos en marcha
El anuncio del traslado a Challapalca vino acompañado de una serie de medidas que forman parte de una ofensiva más amplia contra el crimen. Entre ellas, el Ejecutivo adelantó que se impulsará una reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de reforzar la seguridad interna de los centros de reclusión y evitar filtraciones de información o acciones delictivas dirigidas desde su interior.
Asimismo, la mandataria informó sobre el despliegue de 3.335 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes participaron en 540 operativos a nivel nacional. Como resultado, se logró la detención de 221 personas (203 ciudadanos peruanos y 18 extranjeros) y la intervención de 53 personas con requisitorias vigentes.
Boluarte sostuvo que desde el anuncio del estado de emergencia en diferentes regiones del país se vienen articulando acciones entre distintos sectores, buscando reducir progresivamente los índices de criminalidad. Añadió que aún queda mucho trabajo por hacer, pero reiteró que su gobierno ha heredado una situación marcada por una inmigración irregular y descontrolada, sin regulación previa por parte de administraciones anteriores.
En palabras de la presidenta, “seguimos trabajando con firmeza ante la delincuencia”, e hizo un llamado a la ciudadanía asegurando que “los peruanos de bien somos más fuertes y vamos a ganar esta batalla”.
La sesión del Cuarto de Guerra tuvo como eje principal el seguimiento de las acciones contra la delincuencia organizada. Este espacio fue creado con la finalidad de coordinar la respuesta multisectorial ante los diversos tipos de crimen que afectan al país. En las últimas semanas, el gobierno aseguró que ha intensificado su discurso y sus acciones, enfocándose especialmente en la persecución de organizaciones delictivas de origen nacional e internacional.
