El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió este martes a la inversión que ha destinado su administración en infraestructura para Lima Este, defendió el uso de los recursos municipales y criticó la falta de acción de gestiones anteriores.
Durante un acto público en San Juan de Lurigancho, el burgomaestre destacó que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha destinado más de 900 millones de soles para proyectos en esta zona de la capital, una cifra que, según su declaración, era “impensable hace dos años”.
Entre los proyectos clave en marcha, mencionó el bypass que se construirá en el cruce de las avenidas Las Torres y Ramiro Prialé, así como la ampliación de esta última autopista, que se extenderá desde Ñaña hasta Morón, en Lurigancho-Chosica. López Aliaga aseguró que ambos proyectos ya están adjudicados y que pronto serán entregados.
“Hemos dado ese bypass de las Torres, que hemos sufrido tanto, ya está adjudicado, son más o menos 120 millones de soles, ya está listo para entregarse en unos meses. La Ramiro Prialé, que es un puente, también ya adjudicado para cruzar e ir rápido y no tener ese desmadre que está aquí nomás, años de años. ¿Y por qué no lo tocaban? Por estabilidad jurídica", dijo.
“Me van a disculpar, pero váyanse al car**o con su estabilidad jurídica. No puede haber estabilidad jurídica para delincuentes”, añadió, visiblemente incómodo, mientras arremetía contra los “intereses” que, a su juicio, protegen a empresas involucradas en escándalos de corrupción como Odebrecht, OAS y Graña y Montero.
“Y todo el mundo pudriéndose ahí, cuatro horas”, cuestionó antes de relatar una experiencia personal. “A mí se me murió una persona, yo estaba yendo a Chosica y una persona se me muere en una ambulancia al costado. Eso a mí me movió. Me demoré cuatro horas en llegar a Chosica, era 26 de junio”, señaló.
“A cada regidor lo llamé. Les dije: ‘Se me ha muerto un vecino por culpa nuestra’. Porque la MML no sacó una emergencia declarando en emergencia esa vía. (...) Posteriormente, sacamos la ordenanza para mejorar esa vía, algo que nunca hizo Odebrecht, ni Rutas de Lima, ni Brookfield, ni nada de esta gente. Lo estamos haciendo nosotros con nuestro ahorro municipal”, concluyó.
Disputa con Brookfield
El gestor de inversiones global Brookfield, con sede en Toronto y operaciones en más de 30 países, inició en marzo pasado un arbitraje internacional contra el Estado peruano que busca una compensación superior a los 2.700 millones de dólares por lo que consideran una expropiación ilegal de su participación en Rutas de Lima S.A.C.
La solicitud fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Sin embargo, el burgomaestre afirmó que el Estado no pagará el monto solicitado, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional es clara.
Consideró que el reclamo de la empresa no tiene futuro en el CIADI y que los contratos con Odebrecht son nulos. Además, destacó que los laudos arbitrales favorables a Rutas de Lima fueron procesos perdidos antes de su gestión y están en apelación. También aclaró que la municipalidad no es responsable de la pérdida de los peajes y que se respetó la voluntad del pueblo al eliminar los peajes de Lima Norte y Sur.
El conflicto entre Brookfield y las autoridades peruanas no es reciente. Según detalló la empresa, ya existen fallos de dos tribunales internacionales y una corte federal en Estados Unidos que ordenaron a la comuna pagar más de 200 millones de dólares a Rutas de Lima como compensación por incumplimientos del contrato de concesión.
No obstante, a la fecha, estos pagos no se han realizado. La compañía considera que estas acciones, sumadas a otras decisiones estatales, han socavado gravemente su inversión en el país.
