Más de 1.7 millones de peruanos fueron o son víctimas de la extorsión

Las cifras de criminalidad en el Perú continúan en ascenso, marcando un hito en la historia del país. En el primer trimestre de 2025, el Observatorio del Crimen y Violencia en el Perú reveló datos alarmantes sobre la extorsión, que han dejado a la sociedad peruana en una situación crítica. Tres de cada diez limeños han sido víctimas de los extorsionadores, reflejando una tendencia que se ha extendido a nivel nacional, afectando a miles de familias y empresas locales.

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la ONU, el 27% de los limeños ha sido extorsionado al menos una vez en lo que va de este año, lo que equivale a un número alarmante de ciudadanos afectados por esta modalidad de crimen. Si bien Lima es el epicentro de la violencia y la criminalidad en el país, la magnitud de este problema no se limita solo a la capital, sino que se expande hacia otras regiones del Perú.

Extrapolando esta cifra a la población total del país, se estima que 1.7 millones de peruanos han sido víctimas de extorsión. Este fenómeno no solo afecta a individuos que viven bajo la constante amenaza de los delincuentes, sino que también pone en peligro el bienestar económico y social de varias zonas del país. La extorsión, que involucra amenazas para obtener dinero de las víctimas, ha pasado a ser una de las formas de criminalidad más comunes y preocupantes en los últimos tiempos.

El impacto de la extorsión no se limita a la ciudad capital. Según los informes, el norte del país presenta una tasa de extorsión del 24%, lo que refleja que más de uno de cada cuatro ciudadanos en esa región también ha sufrido este delito. En contraste, el sur del Perú reporta una cifra mucho menor, con solo un 10% de la población afectada por extorsionadores. Esto sugiere que la incidencia del crimen organizado y de las bandas dedicadas a la extorsión varía considerablemente según la ubicación geográfica, lo que requiere medidas específicas y adaptadas para cada región.

Si bien la extorsión parece afectar de manera más marcada a Lima y el norte, el fenómeno está presente en todo el territorio peruano, lo que evidencia la falta de control y las deficiencias en las políticas de seguridad pública a nivel nacional. Las autoridades se enfrentan a un reto monumental para erradicar este delito, que ha aumentado significativamente en los últimos años.

Uno de los efectos directos de la extorsión en Lima es el cambio drástico en los hábitos financieros de los ciudadanos. Según el informe del Observatorio del Crimen y Violencia, el 90% de los limeños ha modificado sus costumbres financieras debido al temor a ser víctimas de extorsionadores. Esta situación ha afectado principalmente a los pequeños negocios y emprendimientos locales, que luchan por mantenerse a flote en medio de esta ola de inseguridad.

Las bodegas y comercios de barrio, que tradicionalmente se han mantenido como pilares de la economía local, se han visto especialmente perjudicados, ya que los extorsionadores exigen pagos periódicos a cambio de “protección”. El temor al crimen ha hecho que muchos dueños de pequeños negocios se vean obligados a reducir sus operaciones o, en el peor de los casos, cerrar sus puertas. Este cambio en los hábitos financieros también ha dado lugar a una creciente informalidad, con empresas evitando registrarse o pagar impuestos debido a los costos adicionales que impone la extorsión.

El perfil de las víctimas de extorsión en el Perú está fuertemente relacionado con el nivel socioeconómico de las personas. Según los datos recopilados, la mayor concentración de casos de extorsión se encuentra en los niveles socioeconómicos C, D y E, que concentran el 86.7% de las víctimas. Las estadísticas muestran que el 24% de las personas en el nivel socioeconómico B han sido extorsionadas, mientras que la cifra baja a un 13% en el nivel E.

Esto pone de manifiesto que la extorsión afecta más a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes no solo enfrentan la presión de los delincuentes, sino también las dificultades económicas derivadas de la falta de recursos y el acceso limitado a medidas de protección. La extorsión se ha convertido en una carga adicional para familias de sectores de clase media y baja, quienes deben lidiar con los constantes ataques de los criminales mientras tratan de sobrevivir en un entorno de alta inseguridad.

El panorama que revela el Observatorio del Crimen y Violencia en el Perú exige una respuesta inmediata y contundente de parte de las autoridades locales y nacionales. La extorsión es uno de los delitos más complejos de combatir, ya que está estrechamente ligada a otras formas de crimen organizado y a la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

El gobierno peruano ha comenzado a implementar medidas para enfrentar la creciente ola de criminalidad, pero la situación sigue siendo crítica. Mientras tanto, la ciudadanía continúa luchando contra la inseguridad, buscando soluciones a nivel local y a través de iniciativas de autoprotección. Sin embargo, es evidente que solo con una estrategia integral y coordinada entre todas las instituciones del Estado se podrá empezar a disminuir este fenómeno que está afectando a millones de peruanos.