El gobierno de Dina Boluarte dio marcha atrás en su propuesta de implementar una franja informativa obligatoria en los medios de comunicación, la cual fue calificada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) como un intento de “controlar el contenido” de los medios, algo que, según el gremio, resulta “inaceptable” en una democracia.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la medida había sido planteada con el fin de garantizar que los medios informaran sobre las actividades oficiales y las acciones del Ejecutivo durante el estado de emergencia contra la criminalidad.
Días antes, Arana había explicado que la iniciativa buscaba “integrar” a los medios de comunicación para asegurar que los ciudadanos tuvieran “información oficial y confiable” en un contexto de emergencia, especialmente en Lima y la vecina provincia del Callao. En ese sentido, se estaba evaluando un proyecto de ley para modificar la Ley de Radio y Televisión.
Durante su anuncio, el funcionario detalló que la propuesta se basaba en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión, que ya prevé el apoyo de los medios “en situaciones de desastre y emergencia”. Además, mencionó que un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya regula las obligaciones de los medios en estos contextos. “Hay una norma vigente. No es verdad que sea inconstitucional o ilegal, ya existe”, afirmó.
Explicó, además, que el propósito de la medida era unificar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad organizada y brindar a la población información relevante sobre las acciones del gobierno en el marco de un estado de emergencia. Aunque la propuesta no había sido sometida a un “debate público” formal, Arana reconoció que los comentarios previos habían generado “confusión sobre el verdadero propósito” de la propuesta.
Estos dichos “han generado una equivocación sobre su verdadero propósito y podrían poner en tela de juicio la plena vocación democrática del Ejecutivo, y sobre todo el irrestricto respeto a la libertad de expresión que el gobierno defiende”, añadió al justificar la decisión de suspender la propuesta.
“La intención de la medida tenía el fin de unir esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática. Suspenderemos la referida propuesta”, dijo al reiterar que el Ejecutivo defiende los “valores democráticos” y la libertad de expresión.
“Arremetidas del Ejecutivo”
La ANP había señalado que la propuesta revestía una particular gravedad, ya que observaba un intento de controlar el contenido de los medios. “En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza”, declaró el gremio en referencia a las críticas de la mandataria contra los medios que han destapado escándalos de presunta corrupción en su contra y la de algunos ministros.
Anteriormente, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, expresó su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Perú, un país que “descendió siete posiciones en comparación con el año anterior” en el último Índice Chapultepec, el cual mide los factores que influyen, tanto positiva como negativamente, en la libertad de prensa en 22 naciones.
Boluarte, a su turno, comentó que “hay mucho por hacer” en la lucha contra la delincuencia, pero que “nadie puede negar que estamos dando pasos concretos” al presentar los resultados diarios del patrullaje policial y de las fuerzas armadas en el marco del estado de emergencia.
Además, subrayó que la lucha contra la criminalidad “no es un esfuerzo aislado, es un compromiso nacional” en el que “todos estamos convocados porque todos juntos debemos derrotar a quienes pretenden arrebatarnos la paz y la tranquilidad”.
