El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por su gestión frente a la ola criminal e investigado por presunto tráfico de influencias agravado, dejó el Perú el pasado fin de semana, según información de su registro migratorio.
El exfuncionario partió el sábado 29 de marzo, cinco días después de que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazara la solicitud de la Fiscalía de impedir su salida del país, al no existir indicios de un “peligro de fuga”.
Santiváñez explicó a El Comercio que viajó al país norteamericano junto con su esposa e hijos hasta el 10 de abril y refirió que había solicitado una “licencia” en el estudio donde es socio principal, Jamis & Dalguerre Abogados, hasta esa fecha.
“Ahora, que ya no soy funcionario público, informan más sobre mis movimientos que sobre la lucha contra la criminalidad, que tanto usaron para atacar nuestra gestión. En fin, siempre es bueno buscar la noticia, no inventarse una”, comentó al diario al cuestionar la difusión de sus datos migratorios.
En el fallo que rechazó la solicitud de impedimento de salida, el juez Checkley señaló que no existía justificación suficiente para restringir el derecho de libre tránsito de Santiváñez sin un “sustento adecuado” que demostrara un posible intento de fuga o solicitud de asilo. Además, destacó que, como ministro, viajó por razones relacionadas con su cargo y regresó en las fechas previstas, sin que se registraran comportamientos evasivos o que obstruyeran la investigación.
Por otro lado, el fiscal adjunto supremo Luis Ballón sustentó su solicitud al alegar que el exfuncionario había ejercido una influencia ilícita ante el Tribunal Constitucional como abogado del expolicía Marcelo Salirrosas, quien fue sentenciado por asociación ilícita para delinquir y usurpación en La Libertad.
Además, el representante del Ministerio Público indicó que, en funciones del Ejecutivo, Santiváñez habría influido en el Instituto Nacional Penitenciario y en el Ministerio de Justicia para cambiar la modalidad de reclusión de su cliente a cambio de un pago.
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Actualmente, el exministro enfrenta una petición fiscal de entre 4 y 8 años de cárcel por tráfico de influencias agravado, bajo la modalidad de delito continuado. Abogado especializado en la defensa de policías, Santiváñez asumió el cargo de ministro del Interior el 16 de mayo de 2024. Durante su gestión, fue objeto de diversas investigaciones, el allanamiento de su domicilio y varios ataques a la prensa.
A pesar de contar con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso aprobó su censura al responsabilizarlo de la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad y el aumento de la extorsión. Ante su salida, la jefa de Estado reiteró que “no depende de un ministro resolver la inseguridad ciudadana” y expresó su frustración por la liberación de delincuentes tras su detención.
De igual modo, le agradeció por su gestión de diez meses y anunció que lo reemplazaría por “otro ciudadano valiente” que enfrentara tanto al crimen como a las “fuerzas oscuras” dentro del Ministerio del Interior. Entonces, nombró a Julio Díaz Zulueta, quien se desempeñaba como viceministro en el Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.
Santiváñez, quien no está afiliado a ningún partido político según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sugirió en su despedida del cargo que podría postularse a la presidencia en 2026.
