Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte brindó un ya acostumbrado balance en el marco de la declaratoria de emergencia en Lima por la inseguridad ciudadana. En su intervención, la jefa de Estado no solo aseguró que las estrategias adoptadas por su gestión están dando resultados, sino que destacó la necesidad de que los peruanos conozcan recurrentemente de los logros del Gobierno.
Sus declaraciones se dan en medio de cuestionamientos al proyecto de ley que busca la creación de una franja horaria en medios de comunicación para la difusión de contenidos oficiales, el cual ha provocado el pronunciamiento de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
“No permitiremos que el relato se construya sobre el miedo. Queremos que la ciudadanía conozca y sienta el peso de la acción del Estado porque sabemos que la delincuencia también se alimenta del miedo de la población. Por eso, es importante que los peruanos conozcan cada día, cada hora que estamos desarticulando las bandas criminales, deteniendo a los delincuentes, erradicando las redes del crimen. Nuestro gobierno no les dará tregua. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, está en la primera línea de combate contra la inseguridad. En el marco del estado de emergencia hemos desplegado estrategias contundentes que ya están dando resultados”, mencionó.
Sus palabras se dan horas después de que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, mencione que el objetivo no es “dictar la pauta a la prensa”, y que el viceministro del Ministerio de Justicia, Juan Alcántara, se pronunciara en la misma línea, pese a develar detalles de la propuesta que los contradice. El funcionario explicó que el proyecto de ley contempla la imposición de una franja informativa con horarios y tiempos de transmisión previamente definidos, hecho que se aleja de un pedido colaborativo.
“Lo que nosotros queremos es determinar de qué manera esta colaboración puede hacerse efectiva, para lo cual se está proponiendo que el horario donde se difundiría esta franja sea desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, que dure un aproximado de 40 minutos y la modalidad se conocerá a través de un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, mencionó en entrevista con RPP.
“No hay que descartar que hay informaciones falsas que orientan a la población hacia situaciones que no son… No es propaganda estatal, es información y data oficial. No se pretende que se ensalcen los logros del Gobierno”, agregó
Asimismo, defendió la propuesta argumentando que los medios de comunicación tienen un “deber de colaboración” con el Estado en temas de interés público, como la seguridad ciudadana e indicó que los medios estatales no cuentan con la capacidad suficiente para alcanzar a toda la población, lo que hace necesaria la participación de los medios privados. Todo ello con base en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para disipar las preocupaciones sobre el impacto que la medida podría tener en la independencia de los medios de comunicación.
Pronunciamiento de la SNRTV y ANP
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión y la Asociación Nacional de Periodistas se pronunciaron en contra del proyecto que aseguran obligaría a los medios a publicitar las acciones del poder Ejecutivo:
“La libertad de prensa e información son pilares fundamentales de la democracia y deben ser respetas en su totalidad. La ciudadanía tiene el derecho a recibir información diversa y no condicionada por intereses gubernamentales, lo que vulneraría el principio de pluralidad informativa esencial en una sociedad democrática. Esta iniciativa marca una peligrosa ruta que solo la transitan los gobiernos autoritarios”, expuso la SNRTV.
Por su parte, la ANP mencionó que “esta propuesta representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación, inaceptable en democracia. Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo. Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación”.
