En una cafetería ubicada en la avenida Leguía, en la ciudad de Tacna, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) y representantes del Ministerio Público llevaron a cabo una intervención que dejó en evidencia un presunto acto de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP). El protagonista de esta historia es el técnico superior Roberto Caldas Wong, quien fue detenido tras ser señalado, por las autoridades, por haber solicitado 3 mil soles a cambio de facilitar la presencia de efectivos policiales en un desalojo judicial.
El operativo se desarrolló en la cafetería Tunkimayo, donde el efectivo había citado al ciudadano denunciante. Minutos después de iniciada la reunión, personal encubierto irrumpió en el establecimiento para proceder con la intervención. Durante la detención, se encontró en posesión del agente parte del dinero que presuntamente había solicitado.
El denunciante, al verse obligado a entregar el dinero para obtener el servicio, decidió poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La Fiscalía Anticorrupción tomó el caso y, en coordinación con la DIRCOCOR, planificó la intervención en flagrancia.
La detención y las diligencias en curso

La captura del efectivo policial se produjo bajo la supervisión de los fiscales Salomón Cabrera, Judith Álvarez y Roxana Ticona, quienes se desplazaron hasta el lugar de los hechos para dirigir el procedimiento. Mientras tanto, otro grupo de agentes realizó diligencias simultáneas en la Comisaría González Vigil, donde el detenido prestaba servicio.
Durante el operativo en la cafetería, los fiscales y el personal policial revisaron las pertenencias del intervenido. Según la información obtenida, al momento de la detención se le encontró en posesión de 1,500 soles, presuntamente la primera parte del monto total solicitado.
En paralelo a las diligencias en la avenida Leguía, los agentes se trasladaron a la comisaría donde laboraba el técnico superior, con el fin de recopilar más información y buscar posibles pruebas adicionales. Se revisaron documentos y equipos en su oficina, además de realizar interrogatorios preliminares a algunos de sus compañeros.
Uno de los testigos del operativo, un trabajador del sector comercial en la zona, relató que el despliegue policial había comenzado mucho antes de la detención. “Desde la mañana, se veía a personas que parecían clientes, pero en realidad estaban observando cada movimiento. Luego, de un momento a otro, llegaron más efectivos y rodearon la cafetería”, mencionó.
Un caso que podría marcar su futuro

Roberto Caldas Wong se encontraba próximo a acogerse al retiro tras una larga trayectoria en la institución policial. Sin embargo, la detención y la acusación por cohecho pasivo propio podrían cambiar su destino de manera definitiva.
El fiscal a cargo del caso explicó que el delito de cohecho pasivo propio se configura cuando un funcionario público solicita o recibe dinero u otro beneficio para realizar u omitir un acto propio de sus funciones. De confirmarse la acusación, el efectivo enfrentaría un proceso judicial que podría culminar en una sentencia privativa de la libertad.
La situación de Caldas Wong se agrava si se considera la existencia de pruebas materiales como el dinero hallado en su poder. A ello se suma el testimonio del denunciante, quien, en coordinación con las autoridades, habría seguido todas las indicaciones para evidenciar el ilícito.
Por otro lado, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios continuará con las diligencias para consolidar el caso. Además de la prueba del dinero entregado, se analizarán comunicaciones previas entre el denunciante y el acusado, así como posibles registros audiovisuales que puedan haber captado el momento del intercambio.
¿Qué tipos de corrupción puedes denunciar?
La corrupción puede tomar muchas formas, desde el uso indebido de bienes del Estado hasta la manipulación de contratos públicos. Reconocer las modalidades más comunes es clave para identificar si lo que presenciaste constituye un delito. Estos actos afectan directamente a sectores fundamentales como transporte, salud y educación, agravando las desigualdades en el acceso a servicios básicos.
Entre los delitos más comunes están:
- Cohecho: Cuando un funcionario solicita o recibe beneficios para actuar en contra de sus funciones.
- Peculado: El uso indebido de bienes o dinero del Estado para fines personales.
- Colusión: Pactos ilegales para obtener beneficios en contratos públicos.
- Negociación incompatible: Favorecimiento indebido en procesos de contratación estatal.
- Tráfico de influencias: Uso de contactos para obtener ventajas en trámites administrativos o judiciales.
Cada uno de estos actos tiene sanciones que van desde los 2 hasta los 15 años en prisión, según su gravedad.