La situación del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dio un giro completamente inesperado esta semana. En cuestión de días las dos condenas que pesaban sobre él por los casos Aeródromo Wanka y La Oroya desaparecieron por decisiones de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, respectivamente. Sin embargo, respecto al último caso, el proceso no ha acabado.
El TC anuló la condena de 4 años de prisión suspendida, pero ordenó al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo que emita una nueva sentencia de primera instancia.
El primer punto que deberá resolver el Juzgado es si el caso La Oroya ha prescrito por el paso del tiempo. Y es que los hechos por los que la Fiscalía acusa a Cerrón por negociación incompatible datan de 2011.
¿El caso La Oroya ha prescrito?
Según el abogado del prófugo líder de Perú Libre, Luis Mayhua, el caso prescribió en 2021. Esto, afirma, porque la negociación incompatible prescribe a los 10 años (6 años de prescripción ordinaria + 3 años de prescripción extraordinaria + un año por suspensión de la prescripción).
Este cálculo es correcto solo si se aplica la Ley 31751, la conocida Ley Soto que fija en un año el plazo de la suspensión de la prescripción. Sin embargo, la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, calificó como inconstitucional dicha norma.
Desde la publicación del acuerdo plenario, la Sala Suprema Penal Permanente no aplica la Ley Soto y calcula el plazo de la suspensión de la prescripción con la anterior fórmula. Esta es igual al máximo de la pena más una mitad.
Así las cosas, en el caso La Oroya, la negociación incompatible no prescribiría a los 10 años, sino a los 18 años (6 años de prescripción ordinaria + 3 años de prescripción extraordinaria + 9 años por suspensión de la prescripción). Es decir, el plazo que tendría el Estado para sancionar a Cerrón y otros vencería recién en 2029.
Habla la defensa
En diálogo con Infobae, el abogado Luis Mayhua indicó que el acuerdo plenario sobre la Ley Soto no es vinculante y anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional en el hipotético caso de que no se declare prescrito el caso La Oroya.
El letrado aseveró que considerar que la suspensión de la prescripción es igual al máximo de la pena más una mitad es una “irracional forma de prescripción”. Sostiene que es un plazo excesivo que aplicaba para casos simples como complejos.
“Yo creo que el legislador ha visto esta problemática. No es que hayan hecho una regla para beneficiar al señor Cerrón”, declaró.
Mayhua también destacó que el TC haya acogido el argumento de que Cerrón fue condenado por hechos por los que la Fiscalía no lo acusó. “Yo solo puedo ser condenando por lo que la Fiscalía trae. Por esta desesperación por condenarlo mueven los hechos”, apuntó.
El TC podría ayudar una vez más a Cerrón
En el Tribunal Constitucional hay una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Soto presentada por el Colegio de Abogados de Loreto.
La decisión que tomen los magistrados será crucial ya que, si declara fundada la demanda, la norma será expulsada del ordenamiento jurídico.
Sin embargo, si el TC rechaza la demanda, los jueces del Poder Judicial deberán aplicar forzadamente la Ley Soto y considerar que el plazo de suspensión de la prescripción es de solo un año.
Este último escenario beneficiaría a Vladimir Cerrón porque el caso La Oroya tendría que ser declarado prescrito.
