Propuesta del Gobierno de implantar un servicio militar y policial obligatorio no servirá para combatir la delincuencia, afirman expertos

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el pasado 18 de marzo, al finalizar la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que el Poder Ejecutivo iba a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley para implementar el servicio militar y policial obligatorio en el país.

Esta es una de las medidas que el gobierno viene anunciado para combatir la ola de delincuencia que viene azotando Lima y otras regiones. Por ejemplo a mediados de marzo, luego del asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, se declaró estado de emergencia en Lima Metropolitana. Sin embargo, estas y otras acciones que la gestión de Dina Boluarte viene implementando han recibido la desaprobación tanto de la ciudadanía como de especialistas.

Precisamente, en diálogo con Infobae Perú, el exministro de Defensa, Mariano González, y el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, indicaron que esta medida no ayudará a reducir los índices de criminalidad.

Desde que inició el año, hasta el 28 de marzo, 533 personas han sido asesinadas, de acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Es decir, se ha registrado al menos seis homicidios cada día.

En el Perú, el servicio militar obligatorio fue abolido en 1999 cuando era presidente Alberto Fujimori, quien estableció la voluntariedad luego de que previamente Juan Velasco Alvarado implementara su mandatoriedad durante su dictadura, entre 1968 y 1975.

En el 2013, Ollanta Humala promulgó una normativa para que jóvenes entre 18 y 25 años sean sorteados en caso no se lograran cubrir las vacantes. No obstante, al ser una decisión sumamente critacada, quedó anulada por una medida cautalar que presentó la Defensoría del Pueblo. Es decir, que Dina Boluarte ha propuesto restaurar una forma de servicio que no existe hace más 26 años.

Wilfredo Pedraza calificó esta iniciativa como “populista”, ya que los servicios obligatorios en el mundo se vienen reduciendo, sin contar a los países que se encuentran en conflicto permanente, como el caso de Corea del Norte y Corea del Sur.

“Además de una dudosa constitucionalidad de la propuesta, no tendrían ningún impacto en la lucha contra la inseguridad. El servicio militar no tiene ninguna relación y el servicio policial, si bien podría permitir que jóvenes realicen algunas labores administrativas, dudo que el impacto sea razonable”, aseveró.

El exministro de Defensa, Mariano González, piensa que este tipo de medidas son desesperadas y no van a tener ninguna incidencia en superar el problema de la inseguridad. “Son ideas y que deben quedar ahí, en ideas. No tiene ningún sentido ni siquiera proponerlas”, acotó.

Esta iniciativa no es nueva en la política nacional. Diversos congresistas han presentado proyectos de ley al respecto, pero con diferentes características. Por ejemplo, el documento de Noelia Herrera, de la bancada de Renovación Popular, está dirigido a jóvenes que no trabajan ni estudian, conocidos como los ‘ninis’.

El exministro de Defensa asegura que esto sería una falta de respeto a las instituciones nacionales. “Yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo soy un conscripto, es decir, yo hice mi servicio militar durante dos años y no creo que sea un lugar para ‘ninis’”, mencionó.

En ese sentido, cree que el Estado debe encontrar alternativas para esta población, ya que ni la PNP, ni las F.F.A.A. deben estar orientadas a ser “correccional de nadie”.

“(Esto) demanda una vocación de servicio y de entrega a la patria. Creo que tiene que ser tomado con mucha seriedad y no de manera alternativa para darle espacio a quien no tenga oficio ni beneficio”, añadió.

Pedraza cuestiona que esto sería discriminatorio, ya que no está dirigido para universitarios o personas que cursan estudios técnicos. “¿Cuál va a ser el filtro, la desocupación?”, dijo.

“Me parece que las personas de buena fe responden en esa perspectiva, pero la realidad muestra que no habrá necesidad de tener jóvenes en el servicio militar”, añadió.

Otra de las decisiones que tomó el gobierno de Boluarte luego de las sesiones del Conasec, fue la inclusión de jóvenes que culminaron el servicio militar voluntario a la Policía Nacional.

Sobre esta idea, Pedraza explica que en realidad esto no cambiaría nada. “Al ser licenciado de Fuerzas Armadas, supone una calificación mejor en el proceso de postulación al servicio policial. Eso está normado en el currículum de los postulantes. El licenciado siempre tiene prevalencia y califica más”, recuerda.

Por otro lado, Mariano González considera que esta propuesta sí se podría implementar, ya que el manejo de la disciplina y de las armas no sería una materia nueva para un licenciado de las F.F. A.A.

“Se pueden saltar algunas etapas, pero si hay que hablar sobre la doctrina policial, hay que hablar sobre el manejo que se debe tener en las investigaciones, el orden interno y una serie de conceptos básicos que maneja la Policía y que no son propios de las Fuerzas Armadas por el propio rol constitucional que tiene cada uno. Entonces, en esa línea, creo que en un tiempo menor al promedio, sí podrían los licenciados graduarse como policías. Claro que sí”, acotó.

Para el exministro del Interior, la decisión correcta para combatir la criminalidad sería fortalecer la PNP, utilizando los recursos económicos existentes en Inteligencia y en tecnología. Desde su perspectiva, el Gobierno prioriza las respuestas políticas, teniendo en cuenta que a la ciudadanía le tranquiliza los estados de emergencia, los mensajes a favor de la pena de muerte, y temas como la salida del Sistema Interamericana de Derechos Humanos.

“Son medidas populistas, venta de humo que no tienen ningún impacto en la lucha contra la extorsión. Pero eso es, desde mi punto de vista, es absolutamente irresponsable. Del Conasec, por ejemplo, la única medida que podría servir sería formar un grupo interinstitucional que juzgue, o sea, que hagan inteligencia, que los capturados puedan ser juzgados con rapidez, con prioridad que la Fiscalía, pues que realicen investigaciones rápidas en el marco de la misma ley, que los jueces impongan sentencias severas. Peo nada de eso se ve, siempre por las ramas, siempre respuestas políticas, lo cual ciertamente lo único que genera es que la delincuencia siga creciendo”, sostuvo.

Para Mariano González, el problema de la inseguridad es integral, ya que tiene componentes económicos, políticos, sociales, entre otros.

“Lo que tendría que hacer el gobierno es plantear soluciones que puedan ser medibles en el corto plazo y para ello efectivamente se necesita tener un plan concreto. Con factores determinantes, como la inteligencia, tener un plan definido, intersectorial, una política penitenciaria definida”, subrayó.

Asimismo, considera que en cuanto a reformas de la Policía se debe aplicar el plan ‘Mariano Santos’, con el objetivo de mejorar la cultura organizacional, tener mayor equipamiento, y potenciar las capacidades logísticas y de personal de la institución.

“Es realmente para mí, absurdo pensar en vender la idea de una reforma cuando ya hay inclusive una ruta establecida. El plan Mariano Santos es uno muy bien diseñado y proyectado hasta el año 2030. Y en el ámbito de la Justicia, definitivamente se requiere una reforma, pero creo que hoy, como está la situación de inseguridad, se requiere más bien el concurso tanto del Ministerio Público como Poder Judicial. Se debería pensar más bien para los próximos años, no en un próximo gobierno”, subrayó.

Por otro lado, recordó que las autoridades no pueden distanciar o “pelearse” permanentemente de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, o de los entes autónomos que estén relacionados. En los últimos meses, tanto el Poder Ejecutivo como miembros del Congreso de la República han criticado la labor de los operadores de justicia e incluso han anunciado que tienen planes de intervenir estas entidades.

A modo de respuesta, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha afirmado que el Ministerio Público “no hace política”, pero que sí son una “institución dialogante”. “Si hay mejoras que hacer a nivel institucional, son bienvenidas. Por lo tanto, estamos a la espera o de pronto podemos solicitar que se lleven adelante mesas de trabajo para llegar a fines positivos y saludables”, dijo.

A pesar de que Dina Boluarte y su gabinete han intentado compartir el mensaje de que están tomando las medidas correctas, los casos de extorsión a colegios en pleno inicio de año escolar y el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, marcaron el fin de la gestión de uno de sus ministros más protegidos: Juan José Santivañez.

Entre las acciones que han tomado se encuentra el estado de emergencia a Lima Metropolitana en 60 días, lo cual Pedraza considera “ilógico” para perseguir la extorsión. “Aquí estamos viendo propuestas que nada tienen que ver con el fenómeno que se pretende combatir. Entonces, no es que no exista forma, es que se toman decisiones erradas”, afirmó.

Por su parte, González menciona que los estados de excepción funcionan “siempre y cuando vengan como parte de una estrategia, de un gran plan”. No hay una varita mágica. Hay que trabajar para ello. Eso es lo que se tiene que hacer, construir un plan, elaborar estrategias y hacer que las tácticas puedan ejecutarse con la mano más firme posible”, manifestó.

A pesar de que el mismo premier fue quien anunció la presentación de una iniciativa legislativa para implementar el servicio militar obligatorio, parece que el Ejecutivo podría retroceder en sus intenciones. Recientemente, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, sostuvo que se viene preparando una normativa legal para incrementar la propina del personal que realiza el Servicio Militar Voluntario.

Por ello, considera que ya no sería necesario volver esta actividad obligatoria. “Los jóvenes acudirán voluntariamente, porque, además de recibir disciplina y formación en valores, egresan como ciudadanos comprometidos con la visión de país”, mencionó.