La activista trans Danna Ortiz busca cambiar su identidad natal ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un trámite negado hasta ahora, pero una serie de argucias procesales dentro del sistema judicial ha generado un limbo legal que vulnera sus derechos y perpetúa la discriminación.
En diálogo con Infobae Perú, la coordinadora comunitaria de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Perú (ATTTPE) relató que inició su proceso para obtener el reconocimiento de su identidad de género en 2022, cuando presentó una demanda respaldada por la organización Diversidad y Justicia. Sin embargo, no fue hasta 2023 cuando finalmente se les otorgó una audiencia, la cual fue pospuesta.
“Desde ahí, todo el trámite se alargó hasta la fecha. (...) El juez que tomó el caso inicialmente fue apático, ni siquiera me prestaba atención. Sentí que había cierto rechazo desde el principio, a pesar de que ya conocen el cambio de nombre y, en algunos casos, manejan el tema de género”, comentó. Su petición fue denegada primera instancia bajo el argumento de que no se había ”probado discriminación”, a pesar de que la demanda no invocaba este criterio.
“En la práctica, se me exigió presentar un documento que demostrara que sentía que me estaban discriminando o que había sufrido bullying, lo cual era completamente incoherente y disparatado, porque el cambio era por identidad. Hubo un cambio de magistrados, y en las audiencias, la jueza que lo tomó se dirigió a mí en masculino, a pesar de que mi expresión de género es femenina. En todo momento me trataron como una especie de alias, como delincuente, ni siquiera me llamaron por mi nombre social, a pesar de que lo recalqué en todo momento”, explicó.
El abogado Juan Manuel Castillo, director de Diversidad y Justicia, señaló que, al apelar la decisión, la sala superior no resolvió el fondo del asunto y, en su lugar, exigió la presentación de documentos costosos e innecesarios, como certificados de homonimia y de nombres iguales, que Danna no puede costear.
Además, ordenaron la realización de una pericia psicológica, contraviniendo la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que prohíbe este tipo de pruebas por considerarlas un obstáculo abusivo al reconocimiento de la identidad de género.
Como resultado, el caso volvió a primera instancia y obligó a la activista a enfrentar un nuevo proceso con exigencias que van más allá de lo establecido en el marco normativo internacional de derechos humanos. “Los jueces basan sus resoluciones en decisiones sesgadas por estereotipos. Esto genera un camino procesal largo y arduo para obtener algo tan simple como el derecho a la identidad de género, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad”, afirmó Castillo.
Aunque no existe un registro oficial de cuántas mujeres trans han logrado completar este proceso en Perú, Ortiz indicó que tiene conocimiento de casos en Lima y otras regiones. “Participo en una asociación donde también se logró obtener el cambio de nombre de manera pro bono. Ahora, se están pidiendo una serie de requisitos fuera de lugar, que incluso están entorpeciendo el caso”, señaló.
Agregó que “las compañeras sin solvencia económica son las más afectadas”, ya que solo aquellas que han podido financiar su proceso han logrado cambiar su nombre legalmente. “Algunas, como yo, participan en un concurso para acceder al cambio de nombre mediante una organización. Hay chicas que llevan diez años en los tribunales y no pueden acceder a ese derecho”, denunció.
Además, mencionó la ley pendiente sobre identidad de género, que ha sido presentada en el Congreso desde 2016 y actualmente sigue sin avances, lo que deja a Perú rezagado en esta iniciativa, que ya es legal en países como Argentina (2012), Bolivia (2016) y Chile (2018).
Problema estructural
Para el abogado que la representa, este caso refleja una problemática estructural. La falta de una Ley de Identidad de Género obliga a las personas trans a enfrentar procesos judiciales largos, costosos y humillantes. Mientras tanto, el Congreso aprueba normas que restringen aún más sus derechos, como la reciente prohibición de acceso a baños públicos según la identidad de género.
“El derecho a la identidad no debería ser motivo de litigio, sino un reconocimiento automático por parte del Estado. Cada obstáculo impuesto no solo es una barrera legal, sino una vulneración continua de la dignidad de las personas trans”, afirmó Castillo.
El caso de Danna se suma al de Tashy, una mujer trans de Pucallpa, también víctima de decisiones judiciales que obstaculizan su derecho a la identidad. El juez César Tucto Santamaría, del Primer Juzgado Civil de Pucallpa, ha denegado en dos oportunidades su solicitud de cambio de género en su DNI con argumentos que vulneran el debido proceso y los estándares internacionales, según el letrado.
Entre sus fundamentos, el juez ignora la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH, “que establece el reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano, y que no requiere prueba”. Además, exige pruebas de discriminación, cuando la solicitud de Tashy se basa en su dignidad y en el libre desarrollo de su personalidad.
Pese a la apelación, la sala superior tampoco se pronunció sobre el fondo del caso y ordenó que el juez de primera instancia emita un nuevo pronunciamiento, en lugar de revocar la sentencia, prolongando innecesariamente el proceso y evitando abordar la cuestión de fondo.
En noviembre de 2024, Tucto volvió a denegar la solicitud de Tashy al alegar que “su condición de mujer trans no ha sido probada” y contradiciendo la misma jurisprudencia que afirma no desconocer. El caso ha sido nuevamente apelado.
“El Poder Judicial le ha dicho prácticamente que tiene que probar por qué quiere ser mujer, demostrar que por dicha condición ha sufrido discriminación para acceder a créditos, trabajos, etc. Esta es una sentencia débil, sin sustento, y en contra de los derechos”, dijo Castillo, quien ha visto casos similares desde 2017.
“Lo absurdo de la justicia peruana es que, para que se reconozca su identidad de género, se somete a las personas trans a un proceso largo, despiadado, oneroso, costoso y desigual”, concluyó.
