El pasado 6 de diciembre, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que al menos tres normas fueron aprobadas con presuntas irregularidades en la firma de la presidenta Dina Boluarte mientras ella se encontraba en recuperación médica. Según la investigación, las rúbricas de la mandataria en documentos oficiales no coincidían con su firma habitual.
Los documentos en cuestión incluyen:
- Un decreto supremo del 5 de julio , en el que se declaró en estado de emergencia a varios distritos de Moquegua debido a la actividad del volcán Ubinas.
- Una resolución suprema del 8 de julio , que autorizó el viaje del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda.
- Un decreto del 10 de julio , que modificó el reglamento del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
Según Hildebrandt en sus Trece , en esas fechas Boluarte estaba con licencia médica y en reposo en su vivienda en Surquillo, recuperándose de procedimientos quirúrgicos en la Clínica Cabani. Sin embargo, los decretos aparecieron publicados con su rúbrica en el diario El Peruano .
Testimonio de Patricia Muriano ante la Fiscalía
Tres meses después de la denuncia del semanario, Patricia Muriano, exsecretaria presidencial, declaró ante la Fiscalía y confirmó que las normas mencionadas fueron aprobadas con firmas que no correspondían a la de la mandataria. Su testimonio representa la primera confirmación desde el interior del Gobierno de que las rúbricas podrían haber sido falsificadas.
Muriano detalló que, mientras Boluarte estaba fuera del Palacio de Gobierno, se siguió publicando documentos oficiales en los que figuraba su firma. Esto confirmaría que alguien más habría autorizado su uso para validar decretos supremos, lo que podría constituir una grave irregularidad administrativa e incluso un posible delito de falsificación de documentos.
Además, la exasistente explicó que en Palacio de Gobierno había un manejo interno de estos documentos y que la orden de proceder con su publicación habría provenido de altos funcionarios del Ejecutivo. Hasta el momento, no se ha aclarado quiénes serán los responsables directores de esta acción ni si la mandataria estaba al tanto de lo sucedido.
La versión del Gobierno y la respuesta de Gustavo Adrianzén
Tras conocerse la declaración de Muriano, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó tajantemente que se hayan falsificado firmas en los decretos emitidos durante la recuperación de Boluarte. Desde Huancavelica, donde se encontraba en actividades oficiales, Adrianzén insistió en que la jefa de Estado cumplió con todas sus funciones y firmó personalmente cada documento aprobado en esos días.
“Yo niego rotundamente que durante el periodo mencionado haya existido algún decreto supremo con una firma falsificada. La señora presidenta de la República ha afirmado categóricamente que todos los documentos firmados en ese tiempo le corresponden a su puño gráfico”, sostuvo el premier.
Sin embargo, las dudas persisten, ya que en diciembre la propia Boluarte confirmó que se sometió a una cirugía en la nariz, aunque aseguró que el procedimiento fue estrictamente médico y no estético. En un mensaje a la Nación, intentó minimizar el impacto de la revelación y sostuvo que nunca dejó de ejercer sus funciones.
La controversia sobre la recuperación de Boluarte y las dudas sobre su gestión
El caso de la recuperación médica de Dina Boluarte ha sido objeto de controversia desde que el exjefe del Gabinete, Alberto Otárola, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria sí se había sometido a cirugías en junio de 2023. En ese momento, Otárola insistió en que la presidenta nunca dejó de trabajar ni de cumplir con sus funciones.
Sin embargo, la publicación de Hildebrandt en sus Trece en diciembre y la declaración de Patricia Muriano en marzo han reabierto el debate sobre qué ocurrió realmente durante esos días. El principal interrogante es si la mandataria firmó personalmente los decretos o si alguien más lo hizo en su nombre sin su autorización.
Este tema ha sido incluido en la agenda de la Comisión de Fiscalización del Congreso, aunque Boluarte ha señalado que todo forma parte de una estrategia para desviar la atención de otros temas, como las denuncias contra exfuncionarios de su Gobierno.
Posibles consecuencias legales y políticas
El testimonio de Muriano podría abrir una nueva investigación fiscal sobre el uso de la firma presidencial en documentos oficiales. Si se demuestra que las rúbricas fueron falsificadas, las consecuencias podrían ser graves, ya que se trataría de un caso de suplantación de autoridad y falsificación de documentos públicos.
En el ámbito político, esta nueva revelación se suma a los cuestionamientos que enfrenta Boluarte desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022. Su Gobierno ha sido blanco de críticas por su manejo de la crisis social y política, y este nuevo escándalo podría debilitar aún más su posición frente al Congreso y la opinión pública.
Por ahora, el Ministerio Público deberá determinar si existen pruebas suficientes para abrir una investigación formal y si se identifican a los responsables de la presunta falsificación de documentos. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa negando cualquier irregularidad, aunque las dudas sobre la transparencia en la gestión de Boluarte siguen creciendo.
