La mina Poderosa, ubicada en la región de Pataz, Perú, enfrenta una crisis sin precedentes, debido a un ataque perpetrado por grupos de mineros ilegales coludidos con organizaciones criminales, registrado el pasado viernes 28 de marzo en las inmediaciones de la quebrada La Ciénaga.
De acuerdo con el comunicado oficial, este incidente, ocurrido alrededor de las 8:00 p. m., dejó como saldo inicial dos personas fallecidas y diez heridos, tres de ellas en condiciones graves, quienes fueron evacuados de inmediato al centro de salud de la localidad.
Lamentablemente, esta mañana, uno de los heridos en estado crítico falleció debido a las heridas de bala, causadas por armas de guerra utilizadas por los criminales.
Este atentado se suma a otro registrado el mismo día, en el que un trabajador perdió la vida y una torre de alta tensión fue destruida.
“Los mineros ilegales, luego del período de lluvias, han regresado a Pataz a sembrar el terror. Como ya informamos, ayer en la madrugada volaron una torre de alta tensión de 60KV ubicada en el Nivel 2670 y durante todo el día han tratado de invadir diversas labores, atacando a nuestro personal con armas de fuego de largo alcance”, se lee.
La empresa minera expresó su solidaridad con las familias de los trabajadores brutalmente asesinados. Además, insta a las autoridades a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para identificar a los culpables y asegurar que enfrenten todo el rigor de la ley.
Con este reciente atentado, el número de trabajadores mineros artesanales fallecidos en ataques perpetrados por grupos ilegales asciende a cuatro en lo que va del año.
Presencia de las autoridades
De la misma forma, Poderosa señaló que “han pasado 24 horas desde el primer atentado y los criminales siguen asesinando personas sin que la Policía y el Ejército, que se encuentra en el distrito de Pataz, puedan tomar el control efectivo de la zona”.
“Exigimos al Gobierno que actúe inmediatamente para reestablecer el orden. No podemos esperar más muertos para actuar contra la delincuencia criminal”, se lee.
Además, el gerente de Asuntos Corporativos, Pablo de la Flor, expresó su preocupación por los ataques a la mina. “Y esto ocurre en pleno estado de emergencia con la presencia de casi 200 policías y elementos del Ejército aquí. Así que ha sido un día muy luctuoso, un día terrible para Poderosa, considerando esta grave situación”, mencionó a Canal N.
De la Flor subrayó que la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas en el Perú, superando incluso al narcotráfico. Según sus declaraciones, esta actividad genera aproximadamente 6.000 millones de dólares al año y representa una amenaza significativa para la estabilidad institucional y la seguridad del país.
El avance de este problema no solo afecta a las empresas formales, sino que también tiene consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medio ambiente. “Lo que está en juego es enorme. Es la viabilidad institucional del país”, advirtió el representante.
Llamado a la acción del Estado
En medio de esta crisis, el representante de la empresa hizo un llamado urgente al Gobierno peruano para que tome medidas concretas y efectivas contra la minería ilegal. Según informó, la empresa ha solicitado una reunión de emergencia con el Ministro del Interior para abordar la situación y coordinar una respuesta firme por parte del Estado.
Además, mencionó que la empresa está colaborando con las autoridades para establecer un frente policial en la región. Según explicó, la mina Poderosa ya está avanzando en la construcción de la infraestructura necesaria para este propósito, pero se requiere que la Policía agilice los trámites administrativos para que el proyecto pueda concretarse.
El antecedente del atentado del 12 de enero
Uno de los atentados más graves contra la mina Poderosa ocurrió el 12 de enero de este año, cuando un grupo de mineros ilegales hizo estallar cargas de dinamita en una torre de alta tensión recién inaugurada. Este ataque provocó un corte temporal en el suministro eléctrico de la zona, aunque la empresa logró restablecer el servicio gracias a un plan de contingencia.
En esa oportunidad, los agresores aprovecharon el caos para tomar el control de una bocamina en la quebrada de Carhuabamba, perteneciente al minero informal Genaro Ríos. Durante el incidente, al menos 17 trabajadores fueron retenidos y un derrumbe dejó a varias personas atrapadas. A pesar de que la minera ha denunciado reiteradamente la presencia de mineros ilegales en el área, la respuesta de las autoridades ha sido limitada.
