En un contexto marcado por la resistencia social y ambiental, los agricultores del Valle de Tambo, en la región de Arequipa, han intensificado su lucha contra el proyecto minero Tía María, promovido por la empresa Southern Perú. Las comunidades han presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial, solicitando la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, cuya vigencia habría expirado en 2019. Este recurso legal busca proteger el derecho de los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, en medio de denuncias de imposición del proyecto sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
De acuerdo con la información proporcionada, esta acción judicial se suma al paro indefinido que las comunidades mantienen desde el 17 de febrero, como una medida de protesta ante lo que consideran una amenaza directa a su medio de vida y al entorno natural del valle. Los agricultores han señalado que el proyecto carece de la licencia social necesaria para su implementación, un requisito clave en proyectos de esta magnitud. Además, han denunciado la falta de diálogo por parte de las autoridades nacionales, incluyendo a la presidenta de la República y al ministro de Energía y Minas, quienes no han visitado la región para abordar las preocupaciones de los pobladores.
Criminalización de la protesta y denuncias de represión
El conflicto en el Valle de Tambo no solo se limita a la oposición al proyecto minero, sino que también incluye denuncias de criminalización de la protesta social. Hasta la fecha, ocho personas han perdido la vida en el marco de las manifestaciones, mientras que dos han sido encarceladas y otras ocho viven en la clandestinidad debido a sentencias judiciales relacionadas con su participación en las protestas.
Un caso emblemático es el de una mujer que, pese a no haber cometido delito alguno, fue condenada a pagar una reparación civil de más de 200.000 soles, lo que la ha obligado a esconderse junto a sus cuatro hijos. Estas acciones, según los voceros de las comunidades, buscan desmovilizar a los agricultores y debilitar su lucha en defensa de la agricultura y el medio ambiente.
El impacto ambiental y la demanda de caducidad del EIA
La demanda de amparo presentada por los agricultores también tiene como objetivo que el Poder Judicial declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. Según explicó David Velazco, director de la organización FEDEPAZ, el EIA fue aprobado en 2014 y, conforme a la Ley N° 27446 y su reglamento, su vigencia habría expirado en 2019. Este documento es considerado un requisito esencial para prever y mitigar los impactos ambientales de cualquier proyecto de esta naturaleza.
Velazco subrayó que el Valle de Tambo es una zona altamente dependiente de los recursos hídricos del río Tambo y de los ecosistemas frágiles de las Lomas de Achay, los cuales podrían verse gravemente afectados por las actividades mineras. La agricultura, principal actividad económica de la región, depende directamente de estas fuentes de agua, lo que convierte al proyecto en una amenaza para la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las comunidades locales.
Detalles del proceso judicial y tiempos estimados
El abogado Rodrigo Lauracio, miembro del área legal de la Red Muqui, explicó que el proceso judicial comenzará con la admisión de la demanda por parte del juez, lo cual debería ocurrir en un plazo de tres días. Posteriormente, las entidades demandadas —Southern Perú, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)— tendrán diez días para responder.
Una vez recibidas las respuestas, se programará una audiencia para la vista de la causa, seguida de la emisión de la sentencia. Aunque el plazo legal para resolver el caso en primera instancia es de 30 días, Lauracio advirtió que, debido a la carga procesal, el proceso podría extenderse entre dos y tres meses. Según el abogado, esta demanda se diferencia de otras presentadas anteriormente porque incluye un mayor número de pruebas e informes que respaldan los riesgos ambientales actuales.
La defensa de la agricultura y el rechazo a la minería
En representación de los agricultores, Agripina Páucar expresó su preocupación por los impactos sociales y ambientales que podría generar el proyecto Tía María. Según Páucar, la agricultura es el principal sustento económico de la región y ya se ha visto afectada por la contaminación del agua proveniente de otras operaciones mineras, como Quellaveco y Aruntani. La líder comunitaria denunció que el agua que llega a la zona presenta altos niveles de contaminación, lo que pone en riesgo tanto la producción agrícola como la salud de los habitantes.
Páucar también rechazó las acusaciones que califican a los agricultores como “terroristas” y enfatizó que su lucha se centra en la defensa de su tierra, su salud y el futuro de las próximas generaciones. Para visibilizar la riqueza agrícola del Valle de Tambo, las comunidades llevaron a la capital productos como cebolla, ajo, arroz, camote, papa y repollo, muchos de los cuales son exportados a mercados internacionales. Según la vocera, esta acción busca destacar la importancia de la agricultura en la región y la necesidad de garantizar un ambiente limpio y saludable.
