El Ministerio del Interior continúa generando cuestionamientos. En defensa del nuevo titular, Julio Díaz Zulueta, quien asumió en reemplazo de Juan José Santiváñez, el Mininter difundió a través de sus redes sociales un comunicado negando que tuviera procesos judiciales o administrativos en su contra. No obstante, el propio miembro del gabinete ministerial lo desmintió. Tal como pudo corroborar este medio, en su declaración jurada conforme a Ley N° 31457, el actual líder del sector reconoce tener investigaciones y/ o procesos judiciales en calidad de imputado o cómplice.
En el documento presentado se detalla que el nuevo ministro enfrentó entre 2003 y 2020 seis investigaciones fiscales o procesos judiciales en el pasado relacionados con presuntos delitos como usurpación agravada, abuso de autoridad, usurpación, concusión, desobediencia y resistencia, y lesiones, los cuales fueron archivados o sobreseídos. No obstante, tiene vigente una carpeta fiscal por presunta negociación incompatible que comparte con su predecesor.
El caso en cuestión está registrado bajo un expediente que data del año 2024, relacionado con la contratación del abogado Anatoly Bedriñana, quien habría sido recomendado por Juan José Santiváñez, además de ser considerado un hombre de confianza del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien permanece prófugo desde 2022. Por este hecho, Santiváñez y Zulueta están investigados en condición de autores; mientras que Bedriña se encuentra en calidad de cómplice.
En ese contexto, el Ministerio del Interior aprobó que el Estado peruano destine un total de S/ 200 mil para la defensa legal de los altos funcionarios, hecho que generó fuertes cuestionamientos. El 18 de julio de 2024, Juan José Santiváñez, quien en ese momento era titular del Mininter, solicitó formalmente al ministerio que se le otorgara defensa y asesoría legal en el marco de la investigación penal en su contra. Posteriormente, el 5 de septiembre, Julio Diaz Zulueta, entonces viceministro de Seguridad Pública, presentó una solicitud similar.
En respuesta a estas peticiones, el entonces secretario general del Mininter, Carlos Díaz Dañino, instruyó a las oficinas de Administración y Finanzas, así como a la de Planeamiento y Presupuesto, para que tomaran las medidas necesarias para contratar los servicios legales requeridos y ejecutar los gastos correspondientes.
El 13 de agosto de 2024, el Mininter convocó un proceso de contratación directa para contratar a un abogado que brindara servicios especializados en defensa y asesoría legal a Santiváñez. El contrato fue adjudicado ese mismo día al estudio jurídico D.C.C Consultores S.A.C / Caro Asociados, liderado por el abogado Carlos Caro Coria, quien fue invitado directamente por el ministerio a participar en el procedimiento. El acuerdo estableció un pago total de S/120 000, compuesto por un honorario fijo y una comisión de éxito.
Por su parte, el 20 de diciembre de 2024, el Mininter inició un nuevo proceso de contratación directa para garantizar la defensa legal de Diaz Zulueta. Ese mismo día, el contrato fue firmado con el abogado Guillermo Miguel Benites Villa, quien también fue invitado a participar mediante correo electrónico. En este caso, el monto acordado fue de S/80 000, bajo un esquema de honorario fijo.
Otros cuestionamientos
A Zulueta también se le critica su participación en la adquisición de productos de protección destinados a la Policía Nacional durante la pandemia de COVID-19. La Fiscalía Anticorrupción detectó irregularidades en la compra de alcohol en gel y mascarillas destinadas a los agentes policiales de Lambayeque. Según el informe, los productos adquiridos eran de baja calidad, tenían precios sobrevalorados y fueron comprados a proveedores sin experiencia en el rubro. También se le atribuyen tres demandas por pensión de alimentos. Estas acciones legales fueron interpuestas por dos mujeres y una persona que, de acuerdo con los apellidos, sería su hija, reveló Epicentro TV.
