La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició una nueva investigación contra los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, así como contra el fiscal superior Rafael Vela. Esta decisión se sustenta en testimonios que el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, ofreció en 2024, los cuales han llevado a que el caso sea declarado complejo, estableciendo un plazo de ocho meses para las indagaciones.
De acuerdo con la disposición emitida el pasado viernes 21 de marzo, las acusaciones contra Pablo Sánchez se centran en presuntas coordinaciones realizadas en 2018, cuando ocupaba el cargo de Fiscal de la Nación. Estas acciones habrían tenido como objetivo archivar el caso Chinchero, relacionado con irregularidades en la construcción del nuevo aeropuerto en el Cusco. Este proyecto implicaba al entonces exministro de Transportes, Martín Vizcarra.
¿Por qué son investigados?
Según el testimonio de Villanueva, el asesor de Sánchez, Alejandro Silva, habría mantenido coordinaciones con el excongresista César Villanueva para evitar que se formalizara una investigación contra Vizcarra, lo que habría permitido que Vizcarra asumiera la Presidencia tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Tanto César Villanueva, como Alejandro Silva y Martín Vizcarra, han sido incluidos en este proceso.
Como se recuerda, el caso Chinchero, que involucra la construcción de un aeropuerto en el Cusco, ha sido objeto de controversia desde sus inicios debido a las denuncias de irregularidades en los contratos y licitaciones. La investigación busca determinar si las acciones de Sánchez y su entorno tuvieron un impacto directo en el archivo del caso, lo que habría beneficiado políticamente a Vizcarra.
De acuerdo al documento al que accedió Perú 21, al fiscal supremo también se le cuestiona el allanamiento al local del partido Fuerza Popular en 2017, pese a que Espinoza archivó en febrero pasado un proceso a Sánchez Velarde por su intromisión en la diligencia que tuvo lugar en las oficinas de IDL, en 2018, tras la llamada que recibió del periodista Gustavo Gorriti.
Sobre los otros investigados, se conoció que a Ávalos, se le cuestiona no haber abierto investigación al entonces presidente Vizcarra cuando se enteró que un colaborador eficaz señaló que este había recibido coimas mientras era gobernador regional de Moquegua. Según el delator, pese a que Vela comunicó del hecho a la entonces fiscal de la Nación, dispuso que no se haga nada.
En tanto, al fiscal superior Rafael Vela se le imputa por reunirse con Juan Carrasco Millones cuando era ministro de Defensa, durante el gobierno de Pedro Castillo, donde se conversó “del apoyo al gobierno en las investigaciones”.
Dicha investigación se suma a la que Ávalos y Vela comparten con José Domingo Pérez por supuestamente favorecer a la empresa Odebrecht con el acuerdo de colaboración eficaz, a partir de la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Francia y Luis Pacheco Mandujano, quienes alertaron que Ávalos y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez no impulsaron una investigación debida a la compañía brasileña.
De acuerdo con la denuncia, los fiscales habrían permitido que Odebrecht evitara ser procesada penalmente a cambio de proporcionar información sobre los sobornos que la empresa pagó en el Perú. Este acuerdo, alcanzado en 2019, ha sido cuestionado por presuntas irregularidades que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía. La investigación también incluye a la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien será investigada por el fiscal supremo José Timarchi.
