Las clases escolares han comenzado en un contexto de disonancia social, marcado por la pérdida del derecho de los ciudadanos a transitar libremente y con seguridad. En este escenario, las desigualdades se profundizan, ya que estudiantes y docentes carecen de las condiciones necesarias para un retorno seguro a las aulas.
El Estado peruano no asume responsabilidad alguna por los hechos que afectan al país y sus consecuencias. La creciente inseguridad ciudadana y el aumento de las extorsiones han llevado al cierre de algunas instituciones educativas, mientras que otras han optado por la implementación de clases virtuales. Esta decisión, tomada por promotores y directores, evidencia la sensación de desprotección ante el avance incontrolable de la criminalidad. Según una encuesta de IPSOS, el 63 % de los encuestados considera que la seguridad ciudadana ha empeorado en los últimos doce meses.
Escuchamos con estupor las declaraciones del Ministro de Educación, cuyas afirmaciones resultan asombrosas y desconectadas de la realidad. Sostiene que “el Perú está a la vanguardia en América Latina”, que su gestión “impulsa inversiones en infraestructura educativa” y, de manera alarmante, que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, entre otras declaraciones igualmente preocupantes. Particularmente indignante fue su respuesta ante la trágica muerte de la maestra Mónica Vergara Amaya, quien perdió la vida mientras se dirigía a su escuela. Su comentario, al minimizar la situación diciendo que “no era necesario que corra riesgo”, evidencia un profundo desprecio por la educación y la vida de quienes la sostienen. No hay en sus palabras un mínimo mea culpa ni una propuesta que brinde esperanza para proteger la integridad de docentes, personal administrativo y estudiantes que, debido a la geografía del país, deben recorrer caminos inhóspitos durante horas o incluso días para llegar a sus escuelas.
Las inundaciones y huaicos, fenómenos naturales recurrentes en el país, también han impactado el inicio del año escolar. Desde el Ministerio de Educación se ha anunciado que el ministro “lidera el trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres”. Sin embargo, las acciones concretas se han limitado a la suspensión de clases en las escuelas afectadas de las regiones de Ucayali y Puno. Esta medida no solo es insuficiente, sino que también agrava la desigualdad educativa, ya que los estudiantes de estos entornos en situación de vulnerabilidad continúan enfrentando mayores pérdidas de aprendizaje. Estudios indican que la brecha de desigualdad socioeconómica en estas poblaciones podría aumentar hasta en un 30%. La mejor estrategia habría sido la prevención y mitigación del riesgo mediante un trabajo intersectorial y comunitario, orientado a reducir las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos en las zonas más expuestas a desastres.
Es fundamental recordar que el Estado es el principal garante del derecho a la educación, la cual debe ser de calidad, equitativa e inclusiva. Como ciudadanos, no podemos ser indiferentes ante la crisis que atraviesa el sistema educativo y otros sectores de la sociedad. Debemos ejercer una ciudadanía activa, utilizando diversos medios para expresar nuestra indignación frente a la inacción del gobierno, cuya falta de respuestas efectivas vulnera de manera constante la dignidad humana.
Este contexto social impacta de manera negativa en la dinámica familiar y educativa de la que forman parte los estudiantes. Tanto las familias como la comunidad educativa desarrollan sus actividades en un entorno de riesgo, caracterizado por un clima de temor e incertidumbre permanente. La inseguridad sobre lo que pueda ocurrir en el trayecto hacia las escuelas y los hogares, así como la posibilidad de que fenómenos naturales impredecibles pongan en peligro sus vidas o los despojen de sus bienes, genera un estado constante de vulnerabilidad.
Asimismo, la indiferencia, la falta de empatía y el menosprecio por la educación afectan directamente a los estudiantes, quienes no cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar plenamente su potencial ni para participar activamente en la sociedad. Garantizar el acceso a una educación digna y de calidad es fundamental para que todos los estudiantes puedan ejercer sus derechos y aprovechar las oportunidades que esta les brinda.
