La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció su decisión de retirarse temporalmente de la mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para el desarrollo del Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito. Esta medida fue adoptada luego de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite una demanda presentada por el Ministerio Público contra la Ley 32130. Según informó, con la respuesta del máximo intérprete de la carta magna, consideró oportuno tomar distancia en línea de “guardar coherencia” con la postura en contra.
“Hay apresuramiento en el sentido de querer aprobar un protocolo interinstitucional que refrenda lo que es la actividad coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en el marco de esa ley, pero ¿qué sucede? Si consideramos que es inconstitucional, no podemos avalar la elaboración de un protocolo que sería aprobado a través de un decreto supremo. Entonces, si nosotros seguimos participando, cuando vayamos a debatir nos van a decir, ‘pero no han sido congruentes’”, explicó en diálogo con Nativa.
Su posición fue formalizada a través de un oficio dirigido a Hugo Peñares, secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien la cuestionó duramente. No solo consideró que no existe sustento para la medida adoptada, sino que podría perjudicar el trabajo que se viene realizando en beneficio de la población. Infobae Perú se comunicó con los penalistas Hugo Mendoza y Fernando Silva, quienes se refirieron a la decisión adoptada por la fiscal de la Nación y si ello se enmarca en las acusaciones de politizar la entidad.
Para Mendoza, la decisión de la fiscal es acertada, pues evita una posible incoherencia en su posición frente al Tribunal Constitucional. Asimismo, consideró que no crea responsabilidades jurídicas en su accionar, por lo que no tiene validez la denuncia en su contra por este hecho. No obstante, destacó que el paralizar la elaboración del protocolo efectivamente repercute de manera negativa en los resultados de las investigaciones y en la lucha contra la delincuencia.
“No le arrastra ninguna responsabilidad mayor que los planos prácticos porque hay una coherencia. Ella está buscando que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Si la declara constitucional, Espinoza se sentará a trabajar sobre esos protocolos porque ya fue zanjado el tema, pero si la declara inconstitucional, pues habría actuado de manera correcta con su pretensión”, mencionó.
Por el contrario, si bien aclaró que no está de acuerdo con la ley, Silva sostuvo que mientras esté vigente una ley, ningún juez o fiscal debe cuestionarla. Consideró que, en la actualidad, la Fiscalía es un problema “porque está tomada por algún tipo o algún nivel de ideología que no corresponde a la independencia que debe tener funcionalmente un organismo como tal”, y que debió haber participado en todas las reuniones necesarias para que la ley se aplique, independientemente de que además lo haga para que se anule.
“Tenía que haber hecho las dos cosas a la vez, porque la norma está vigente y es una ley del Congreso. Entonces, la señora fiscal de la Nación tiene o tenía que haber asistido a todas las reuniones que importen la estructuración, vigencia, armado e implementación de esa ley, independientemente de que la esté cuestionando, porque es parte del juego jurídico. Por supuesto debe cuestionarla si lo considera así, pero no sin cumplir con sus otras responsabilidades. Al contrario, pensando en que el Tribunal Constitucional no la ampare, debería haberse enfocado en generar una reglamentación que beneficie a los esquemas que ella considera prudentes. El no participar, más bien a mí me genera una circunstancia, no para destituirla, pero sí para cuestionar su accionar”, sentenció.
