En medio de serias acusaciones contra algunos parlamentarios e integrantes del Ejecutivo, el Congreso de la República instaló una comisión especial multipartidaria encargada de elaborar una propuesta de reforma del Sistema de Justicia que si bien incluye a distintos entes como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, recae sobre todo en el Poder Judicial y Ministerio Público, sectores fuertemente criticados que, además, son claves en investigaciones y sentencias contra funcionarios públicos.
Al respecto, Infobae Perú consultó con los penalistas Fernando Silva y Hugo Mendoza a fin de consultar sobre su pertinencia y viabilidad en medio de un contexto como el descrito, en el que se ha evidenciado los enfrentamientos entre las titulares del PJ, Janet Tello, y Fiscalía, Delia Espinoza, contra el accionar de la mandataria Dina Boluarte y el Poder Legislativo.
Para Silva, aunque sí es necesaria una restructuración, esta debe hacerse de manera interna, porque a modo externo “siempre se va a prestar a circunstancias que después pueden generar alguna suspicacia, alguna situación que digan que se manejó esto políticamente”. “Yo creería que es la Junta Nacional de Justicia la llamada a reorganizar la Junta de Fiscales Supremos, pero no el Congreso, porque una intervención por parte de ellos hacia la Fiscalía es más o menos como un golpe de Estado”, consideró.
No obstante, indicó que es evidente que, a diferencia del Poder Judicial, la Fiscalía actúa de manera política. “Al día de hoy es un problema porque está tomada por algún tipo o algún nivel de ideología que no corresponde a la independencia que debe tener funcionalmente un organismo como el Ministerio Público”, expresó.
Por su parte, Mendoza considera que si bien es necesaria una reestructuración, a fin de mejorar los filtros de selección de jueces y fiscales, hablar de ello en la actualidad es tomar el tema bastante a la ligera y de un modo populista, debido a la alta complejidad que ello amerita. “Hay que intervenir porque tenemos problemas de larga trayectoria, problemas muy profundos que no se han podido resolver desde hace mucho tiempo y que son temas que merecen bastante discusión. Sin embargo, no avizoro en un futuro cercano que esto se pueda solucionar. Esto es un tema que se necesita debatir mucho”, aclaró.
“Es un tema mucho más sensible y, por tanto, yo diría que para reestructurar verdaderamente el sistema de justicia se tiene que armar toda una mesa de trabajo, comisiones, llamar a verdaderos expertos si se quiere hacer seriamente, todo lo que no se quiera hacer de esa manera es mero populismo”, agregó.
Asimismo, consideró que uno de los puntos más críticos en la discusión sobre la reforma judicial es el rol de la Junta Nacional de Justicia (anteriormente conocida como Consejo Nacional de la Magistratura). Esta institución tiene la responsabilidad de ratificar a jueces y fiscales tres años y seis meses después de su designación. Sin embargo, Mendoza advierte que este mecanismo puede comprometer la independencia de los magistrados, ya que abre la posibilidad de presiones externas para influir en sus decisiones judiciales.
El penalista comparó esta situación con el modelo español, donde la Constitución de 1978 establece como garantía constitucional la inamovilidad de los jueces: “En España, los magistrados tienen asegurada su permanencia en el cargo, lo que les permite actuar con total independencia y resolver casos conforme a su criterio y al marco legal, sin temor a represalias o controles periódicos”. Mendoza sugirió que, en caso de no elaborar medidas en esa dirección, sería necesario perfeccionar los mecanismos para asegurar la independencia judicial.
Maria del Carmen Alva, presidenta de comisión que elaborará propuesta de reforma
La congresista Maria del Carmen Alva Prieto fue elegida por unanimidad para encabezar la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, creada para diseñar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, en una votación que contó con siete votos a favor. La elección que se llevó a cabo el 21 de marzo también estableció la designación de la congresista Lady Camones Soriano, del partido Alianza para el Progreso (APP), como vicepresidenta.
Tras la instalación oficial del grupo, Alva Prieto expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y destacó la importancia de la tarea encomendada, calificándola como una respuesta a las demandas de la ciudadanía. En su intervención, subrayó que el primer paso será realizar un diagnóstico exhaustivo del sistema de justicia peruano.
Entre los puntos prioritarios que la comisión planea revisar se encuentran cinco áreas críticas que, según la congresista, son esenciales para garantizar una reforma efectiva. Estas incluyen la falta de coordinación entre los actores del sistema judicial, la crisis en el sistema penitenciario, los problemas en los programas de reinserción social, los retrasos en la ejecución de sentencias y las deficiencias en los mecanismos de control disciplinario en el ámbito jurisdiccional.
