El impacto del crimen organizado en la economía peruana y la creciente inseguridad ciudadana han generado preocupación en diversos sectores del país. Según informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), más del 60% de la economía informal en Perú está vinculada a actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, lo que representa un impacto del 5% en el Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a aproximadamente 12.500 millones de dólares. En este contexto, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, expresó su descontento ante la falta de avances en los planes de seguridad prometidos por el Ministerio del Interior para proteger a las empresas y combatir el crimen.
Durante el VI Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, De La Tore lamentó que el ministro no haya presentado un plan de acción sectorial ni un esquema de articulación interinstitucional con entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Congreso de la República. Según consignó la CCL, el plazo para la entrega de estos planes ya se cumplió, lo que ha generado críticas por la falta de liderazgo y estrategias concretas para enfrentar la inseguridad.
De La Tore enfatizó que las medidas temporales, como los estados de emergencia aislados, no han logrado frenar el avance del crimen organizado. “No podemos seguir aplicando soluciones insuficientes mientras la delincuencia sigue expandiéndose con impunidad. Necesitamos liderazgo, presupuesto, inteligencia y articulación. Es momento de pasar de las palabras a la acción”, declaró. Además, hizo un llamado a las autoridades para que prioricen la seguridad ciudadana y trabajen de manera conjunta, dejando de lado conflictos internos que, según él, solo contribuyen a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la democracia.
Empresarios y ciudadanos exigen seguridad para sus actividades diarias
El presidente de la CCL también destacó el impacto de la inseguridad en la vida cotidiana de los peruanos. Según detalló, los empresarios y emprendedores enfrentan dificultades para operar sus negocios debido al temor a la delincuencia, lo que en algunos casos los obliga a cerrar sus establecimientos. Asimismo, expresó que las familias viven con el miedo constante de que sus hijos sean víctimas de ataques criminales en sus colegios o que eventos culturales y espectáculos se vean afectados por actos de violencia.
Por su parte, Vicente Romero, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, subrayó la importancia de foros como este para generar ideas innovadoras y fortalecer alianzas entre los sectores público y privado. Según Romero, la participación de instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP), el Congreso y el Ministerio Público es clave para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.
Deficiencias logísticas en la Policía Nacional agravan la crisis de seguridad
En el mismo evento, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, reveló preocupantes datos sobre las limitaciones logísticas de la Policía Nacional. Según informó, el 40% de las armas utilizadas por la PNP tienen más de 25 años de antigüedad, mientras que el 25% de los vehículos policiales están fuera de servicio en las comisarías. Estas carencias dificultan la capacidad operativa de la institución para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana.
Salhuana anunció que el Congreso llevará a cabo el segundo pleno de seguridad ciudadana en la primera semana de abril. Durante esta sesión, se debatirán proyectos de ley orientados a fortalecer la lucha contra la delincuencia, como la creación de unidades de flagrancia a nivel nacional, la declaración de emergencia de la Policía Nacional, la implementación de denuncias digitales a través del sistema del Reniec, y el establecimiento de penas más severas para delitos como la extorsión, el sicariato y la tenencia ilegal de armas.
El impacto económico del crimen organizado y la informalidad
El foro también abordó el impacto económico del crimen organizado en la seguridad interna del país. Según explicó Jaime García, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, la economía informal, que representa más del 60% del total en Perú, facilita la proliferación de actividades ilícitas como la trata de personas, la tala ilegal y el narcotráfico. Estas actividades no solo generan pérdidas económicas significativas, sino que también fortalecen a las organizaciones criminales, que han incrementado su poder en los últimos años.
García destacó que el impacto de estas actividades ilícitas en el PBI equivale a cerca de 12.500 millones de dólares, lo que refleja la magnitud del problema. En el panel también participaron expertos como Sonia Medina, exprocuradora especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas; el general PNP Marco Conde, director de investigación criminal de la Policía Nacional; y Katherine Cáceres, fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
